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Nacionales

CACIF pide al MP indagar sobre pruebas en caso de ejecuciones


El Ministerio Público informó que la fiscal general, Consuelo Porras, solicitó una investigación sobre cómo se obtuvieron las pruebas para este caso.

 

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El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) hizo una solicitud a la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras. Los empresarios piden a Porras que inicie una investigación de fondo que determine cómo se obtuvieron las pruebas del caso denominado Gavilán. El MP y la CICIG investigan a una supuesta estructura de ejecuciones extrajudiciales y tortura que operó en el Ministerio de Gobernación en 2005. El presidente del CACIF, Marco Augusto García Noriega, solicitó que en caso de encontrarse anomalías se destituya a los fiscales responsables de estas irregularidades.

“Esta solicitud es respaldo al sistema judicial y una petición de respeto a los jueces. Es nuestro derecho de petición e invitamos a toda la sociedad a que haga lo mismo… tenemos que tratar de evitar que se haga la justicia por propia mano y regresar a lo que dice la Constitución, que son los jueces a quienes les corresponde determinar la culpabilidad de una persona”, dijo García Noriega.

La petición que formuló el CACIF se encuentra relacionada a la publicación en redes sociales, la cual dio a conocer fragmentos de un audio de 2013, en donde dos fiscales del MP piden a los reos fugados que declaren en contra de las autoridades del Ministerio de Gobernación y la PNC. En el audio se escucha que uno de los reos le preguntó a los investigadores si podían recibir beneficio económico a cambio de su declaración, por lo que los fiscales le respondieron que debían preguntar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La Comisión ha reiterado que el audio no es parte de la investigación y que en caso de haber ocurrido, no fue durante el mandato del jefe de la organización internacional, Iván Velásquez.

MP INVESTIGARÁ

Como consecuencia de la solicitud del grupo empresarial, el Ministerio Público manifestó que respeta la libertad de expresión que pueda ejercer cualquiera de las asociaciones debidamente organizadas en el país y de cada uno de los ciudadanos.

“Es importante mencionar que la señora Fiscal General y Jefa del Ministerio Público ya había solicitado una investigación de oficio en torno a este tema y de esa cuenta estaremos a la espera de que los hechos que arroje la investigación puedan determinar qué ha sucedido y con eso tomar una decisión en el momento oportuno”, dio a conocer el MP por medio de un comunicado de prensa.

HACEN LLAMADO A LA ONU

El CACIF también manifestó su preocupación sobre la independencia judicial en el país, por lo que instó a los jueces a denunciar, si han sido sometidos a presiones para dictar sentencias vinculadas a intereses particulares.

Los empresarios también hicieron un llamado a la CICIG para que inicie el traslado de capacidades al MP, ya que consideran que la fiscalía debe ser dirigida bajo un solo mando, que es el de la Fiscal General. En torno a lo anterior, el portavoz de la CICIG, Matías Ponce, explicó que la transferencia de capacidades y acciones de fortalecimiento del Ministerio Público siempre han sido permanentes de parte de la Comisión.

El presidente del CACIF dijo que, a su criterio, la población guatemalteca se encuentra polarizada y que esto se debe a que la Organización de Naciones Unidas (ONU) no ha resuelto la controversia que planteó el gobierno del presidente Jimmy Morales. García Noriega manifestó que es importante que el Secretario General de la ONU nombre “lo más pronto posible” al Subcomisionado.

El caso Gavilán

Los hechos denunciados por el MP y la CICIG ocurrieron después de la fuga de 19 reos de la cárcel de alta seguridad El Infiernito, el 22 octubre de 2005. Según la investigación, el exministro de Gobernación Carlos Vielmann ordenó implementar el plan Gavilán, el cual habría consistido en recapturar a los reos fugados para después torturarlos y ejecutarlos.

En este caso también está involucrado Víctor Soto, exjefe del Servicio de Inteligencia Criminal de la PNC; Kamilo Rivera, ex viceministro de Seguridad, y Stu Velasco, ex subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil.

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