Las reformas al Código Procesal Penal en materia de aceptación de cargos, formuladas para fortalecer la justicia, corren el riesgo de convertirse en un “mecanismo de impunidad”, manifiesta la CICIG en un comunicado.

A la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) le preocupan las enmiendas que se discuten en el Congreso, y que está por aprobarse, ya que relajan las condiciones de la iniciativa presentada en 2017 por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Las enmiendas pretenden la disminución del 50 por ciento de las penas y la aplicación conjunta de la conmuta, “dando como resultado que todos los delitos con penas de diez años de prisión y menos quedarían en la práctica liberados de cumplimiento de pena de prisión, incluyendo delitos tan graves como la trata de personas, la violación y el cohecho, entre otros casos”, cita la nota divulgada por la CICIG.

Dicha reforma tendría los mismos efectos que el Decreto 15-2017, dejado sin efecto por el Congreso ante el clamor ciudadano del 15 de septiembre del año pasado, apunta la Comisión.

La iniciativa original proponía rebajas de penas que iban de una tercera a una quinta parte, sin posibilidad de conmuta.

LLAMADO

La propuesta de reformas se creó para agilizar la resolución de procesos penales en los que las personas tienen voluntad de aceptar total o parcialmente los cargos.

50%

se pretenden reducir las penas de acuerdo con las enmiendas propuestas para el Código Penal.