Sin debate el pleno del Congreso conoció ayer en segunda lectura el proyecto de reformas al Código Procesal Penal (iniciativa 5474) el cual busca otorgar un blindaje judicial a quienes se encuentran en prisión preventiva o provisional. La normativa presentada por los diputados Felipe Alejos y Juan Ramón Lau, del partido Todos, y Luis Hernández Azmitia, de la bancada Movimiento Reformador (MR), cambia cuatro artículos y adiciona un inciso al decreto 51-92. Dentro de su articulado sanciona a los juristas que abandonen la defensa de su cliente. En el documento se detalla que el Colegio de Abogados y Notarios deberá establecer la sanción y el plazo que podrá aplicar el Tribunal de Honor. Otro de los cambios, que tiene dictamen favorable de la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, que se refiere a solicitar una medida cautelar, indica que la misma “debe ser razonada y motivada detalladamente”. De acuerdo al