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Nacionales

Incumplimiento de plazos en la justicia penal, detecta Observatorio


En la segunda fase, el Observatorio analizará las sentencias emitidas en las distintas instancias del Organismo Judicial.

 

 

Que un proceso penal dura, en promedio 918 días, cuando debería tomar entre 140 y 190 días, y que una apelación que debe ser resuelta en tres días se despeja en una media de 91 días –lo que excede el plazo legal en 30 veces–, son algunos de los datos que revela el Observatorio Judicial del Sistema de Justicia Penal.

La presentación se efectuó durante un acto público en la Sala de Vistas en la Corte Suprema de Justicia. Al finalizar, el presidente de la Corte Néster Vásquez agradeció a la Cooperación Técnica Alemana por financiar el proyecto, desarrollado por estudiantes de Derecho de las universidades San Carlos y Rafael Landívar. La iniciativa también es apoyada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

“Los hallazgos permitirán implementar acciones preventivas, correctivas y formular propuestas”, expuso Vásquez sin precisar detalles. Al finalizar el evento, se retiró sin responder preguntas de la prensa.

De acuerdo con el análisis de 553 expedientes correspondientes a los años 2014 y 2015, el Observatorio identificó que los sindicados por portación y tenencia ilegal de armas de fuego, así como quienes enfrentan cargos por lavado de dinero son quienes más tiempo pasan en prisión preventiva a la espera de que un juzgado determine si deben o no ir a juicio.

“Los plazos legalmente establecidos no se cumplen, y, por el contrario, son excedidos”, indicó Mónica Leonardo. De acuerdo con el Código Procesal Penal, el juez debe convocar juicio a las partes procesales en el plazo de 15 días y, al día siguiente, llevar el expediente al Tribunal que corresponda, “sin embargo se ha convertido en el tiempo más largo, pues se comprobó que pasan 184 días”, lo que supone uno de los nudos críticos del sistema penal, concluyó Leonardo.

Las recomendaciones del Observatorio pasan por continuar con el monitoreo y evaluación de los resultados. También sugieren la reorganización institucional y la consolidación de la carrera profesional en el Organismo Judicial.
También se sugiere la promoción ante el Congreso de diversas reformas legales, como modificaciones a la Ley de Amparo, a la que regula lo relacionado con armas y municiones y las prohibiciones para otorgar medidas sustitutivas.

LLAMADO A LA CIUDADANÍA

Mediante un mensaje pregrabado, el comisionado Iván Velásquez expresó su complacencia por la participación de los estudiantes de la Usac y la URL en el desarrollo del Observatorio.

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