Un grupo de diputados tránsfugas prepara una iniciativa de ley para que la población decida, por medio de una Consulta Popular, si está de acuerdo en disolver la Corte de Constitucionalidad (CC). Hasta ayer, el documento en el que se cuestiona que las últimas decisiones de los magistrados son políticas y no acordes a la Constitución, contaba con al menos 50 firmas.

“No lo descartés”, fue la respuesta del representante del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), Estuardo Galdámez, al cuestionarle si apoya la iniciativa. Agregó que en su momento emitirá una opinión y cuando tenga listas sus propuestas se darán a conocer.

Varios diputados, que omitieron su nombre, afirmaron que la iniciativa será presentada en su momento cuando tenga el respaldo de 80 legisladores. “No puedo adelantar nada, yo quiero dar una conferencia con los diputados que me apoyen”, reiteró Galdámez.

PROCESO

La Constitución de la República señala en su Artículo 173 el Procedimiento Consultivo. La Carta Magna describe en sus párrafos que las decisiones políticas de especial trascendencia deben ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos y que esta deberá ser convocada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a iniciativa del presidente de la República o del Congreso de la República, que fijarán con precisión las preguntas para una Consulta Popular.

El capítulo I de la Ley Orgánica del Legislativo, establece cuál deberá de ser el procedimiento para que se apruebe dicha iniciativa. Se deberá de leer en el pleno, enviarse a una comisión, darse un dictamen favorable o desfavorable y aprobarse en sus tres lecturas para darle un número de acuerdo.

El diputado Estuardo Galdámez anunció en sus redes sociales que presentaría una iniciativa que “hará estremecer al país”.

Aprobada la normativa, se deberá solicitar –en no más de 90 días– al TSE para que realice la Consulta Popular. El tema coincide con las próximas elecciones generales en donde, según los diputados consultados, se aprovecharía para realizar ese proceso.

Se consultó a Santiago Palomo, vocero de la CC, sobre cómo recibirían una propuesta para disolver esa Corte y si existe algún candado en la Constitución de la República para que estas propuestas no pasen. La respuesta fue que consultarían sobre el tema.

“Se ve que buscan eliminar el balance de poderes y atentar contra el sistema republicano”, explicó Álvaro Montenegro, del movimiento Justicia Ya. Recordó que la CC ha frenado las ilegalidades del presidente Jimmy Morales y de sus aliados del Congreso.

Apoyo y reformas

En septiembre pasado, un grupo de exconstituyentes respaldó al presidente Jimmy Morales respecto a la decisión de no permitir el ingreso al país del titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez. De acuerdo a uno de los exdiputados que participaron en las reformas constitucionales, Morales actuó conforme a la ley y sus decisiones no violentaban ninguna ley nacional o internacional.

Además, en el Legislativo también se discute otra propuesta, pendiente de aprobarse en tercera lectura y redacción final, que busca modificar la Ley en Materia de Antejuicios para que sean los diputados los únicos que puedan conocer las denuncias promovidas en contra del Presidente, Vicepresidente, presidente del Organismo Judicial y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, presidente y magistrados del TSE, presidente y magistrados de la CC, entre otros funcionarios.