Cuatro exfuncionarios del Ministerio Público, durante la administración de Thelma Aldana, expresaron su rechazo hacia los cuestionamientos que efectuó la fiscal general Consuelo Porras acerca de los nombramientos de la Coordinadora Nacional y ocho Fiscales Regionales.

Mayra Véliz, exsecretaria general del MP, indicó que analizan la posibilidad de interponer acciones legales ante la gravedad de los señalamientos de Porras, quien calificó como “corrupción” los vicios encontrados en los dos concursos de oposición para el nombramiento de los nueve funcionarios.

El exsecretario de Política Criminal, Rootman Pérez, señaló que, durante la segunda reunión de transición, Porras pidió la documentación de los nombramientos para detectar anomalías, prejuzgando un proceso que desconocía. Por esto, considera que las acciones de Porras no son casuales y buscan desacreditar a Aldana ante sus aspiraciones políticas.

Al consultar sobre la versión de los exfuncionarios, el Ministerio Público informó que “es respetuoso de la opinión de todo ciudadano guatemalteco y que serán las instancias correspondientes las que esclarezcan cualquier situación”.

Uno de los cuestionamientos de Porras, es que la evaluación oral de los aspirantes a la primera convocatoria se efectuó “entre pares” a cargo de Ana Elena Guzmán, Alexander Colop y Carla Valenzuela.

Guzmán indicó que su carrera de más de 20 años en el MP le dio las credenciales para ser evaluadora y que ella no compitió en el proceso. “Se buscaba encontrar personas con experiencia para trasladar las capacidades de persecución penal estratégica hacia los departamentos”, indicó.

La fiscal general Porras también cuestionó la designación de Aura Colindres como Coordinadora Nacional, porque no hubo más aspirantes. Colindres superó el concurso, con 87 puntos, por lo que “se le nombró por justicia laboral y social, ya que se presentó y ganó todas las pruebas”, indicó Véliz.

Colindres renunció al cargo de Coordinadora Nacional, al que llegó luego de 25 años de carrera en el MP y señaló como un “retroceso” las acciones durante la gestión de Porras.

EL PLAN DE PAGOS

Los exfuncionarios del MP señalan que una sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad –que Consuelo Porras avaló como magistrada suplente– estima pertinente que se instaure un procedimiento administrativo interno para determinar la disponibilidad financiera para pagar la deuda con el contratista Copreca.