El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solicitaron al Tribunal C de Mayor Riesgo que, los 13 acusados en el fraude para la limpieza del lago de Amatitlán recibieran penas de entre siete y 26 años de prisión.

Hugo González, representante de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), señaló a la ex vicepresidenta Roxana Baldetti Elías como la cabeza de la estructura que favoreció a la empresa israelí M. Tarcic Engineering con la adjudicación irregular del proyecto para la limpieza y saneamiento del lago de Amatitlán.

Además, González indicó que Baldetti incurrió en los delitos asociación ilícita, fraude y tráfico de influencias, por lo que pidió una pena de 22 años de prisión en su contra y la inhabilitación durante 14 años para ejercer cargos públicos.

La FECI también pidió 22 años de cárcel, y una multa de Q500 mil, en contra del empresario Hugo Rodolfo Roitman Braier (Uri Roitman) por incurrir en fraude, asociación ilícita y cohecho activo, al obtener Q2.3 millones como parte de los Q20.7 millones que M. Tarcic recibió por la compra de la fórmula.

Piden condena

En contra del exsecretario específico para temas del Agua, Pablo Roberto González Barrios, la fiscalía y la CICIG requirieron la mayor pena, ya que, por asociarse ilícitamente, incurrir en fraude y cohecho pasivo, solicitaron 26 años de prisión.

Además, el MP pidió siete años de cárcel contra del extrabajador de M. Tarcic, Sergio Alejandro Marroquín Vivar, porque se comprobó que, del monto total que la empresa devengó por la adjudicación irregular, por lo menos cinco cheques por un total de Q225 mil 980, fueron depositados en sus cuentas bancarias.

Contra Rubén Estuardo Torres Anleu y Marilyn Anabella Soza Azurdia, la fiscalía y la CICIG también solicitaron siete años de prisión por el delito de cohecho pasivo, porque recibieron dos cheques de M. Tarcic cada uno, por un total de Q360 mil.

Posterior a las conclusiones de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y la Procuraduría General de la Nación (PGN), cada defensor tendrá un aproximado de 45 minutos para emitir sus últimos argumentos, por lo que el tribunal podría dictar la sentencia del caso en octubre de este año.

Intento de separar a la CICIG

El abogado defensor de Pablo González, Gustavo González, solicitó al tribunal presidido por Pablo Xitumul, que separara a la CICIG como querellante en el caso, ya que “el Estado no renovó el mandato de la Comisión y no reconocen al comisionado Iván Velásquez”. Además, el defensor dijo que como Velásquez no se encontraba en el país y su retorno era improbable, no generaba certeza jurídica. Sin embargo, el tribunal rechazó la solicitud al señalarla como frívola e improcedente.