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Nacionales

Detectan siete ilegalidades en disposiciones gubernamentales contra la CICIG


Argumentos del Ejecutivo transgreden compromisos internacionales asumidos por Guatemala, critica foro multisectorial de seguridad.

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Los argumentos presentados por el gobierno central en los últimos días en torno a la CICIG y a Iván Velásquez Gómez, contienen conceptos y aspectos jurídicos que no corresponden a la época democrática actual y pueden ser vistos como quebrantamientos a la institucionalidad del país.

Así lo ha advertido el Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad (FOSS), tras analizar el comunicado emitido el martes por el Ejecutivo y el discurso de Jimmy Morales ayer, sobre la prohibición para que el Jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ingrese de nuevo al territorio nacional.

Estos son los hallazgos del FOSS:

1)   Los conceptos y referencias a la “seguridad nacional” dejaron de tener validez conceptual, jurídica y política desde que el Estado de Guatemala suscribió en 1995 el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, y con la entrada en vigencia del Decreto 18-2008, Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad (SNS).

2)    La Ley Marco del SNS señala explícitamente la importancia de que este se fundamente en las normas del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica, cumpliendo los compromisos asumidos por Guatemala en los Acuerdos de Paz y en instrumentos internacionales.

3)   El Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica establece que las partes se comprometen a realizar todos los esfuerzos para la erradicación de la corrupción pública o privada y de la impunidad.

4)   La lucha contra la corrupción no constituye una amenaza a la seguridad del país, y al obstaculizar el funcionamiento de una entidad como la CICIG, se está incumpliendo con un tratado internacional.

5)   Se dice en el comunicado que el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) “en consenso” recomendó al Presidente prohibir el ingreso del comisionado al país, pero esta no es una decisión colegiada ni vinculante, y él como cabeza toma las decisiones.

6)   El Presidente tiene un evidente conflicto de intereses por ser objeto de señalamientos por el Ministerio Público (MP) en colaboración con la CICIG. Su animadversión por Iván Velásquez fue evidente desde el año pasado.

7)   La investigaciones criminales del MP en acompañamiento con una institución internacional no genera un riesgo para la seguridad interna, especialmente cuando esta fue solicitada por el Estado de Guatemala .

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