Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) emitieron este lunes una resolución relacionada a la suspensión de la minera San Rafael, en la  que ordenaron que se realice una consulta comunitaria en el área de operaciones en El Escobal,  San Rafael Las Flores, Santa Rosa, para poder reiniciar labores.

La consulta deberá ser realizada de forma inmediata por medio del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En agosto de 2017 la CC confirmó la suspensión provisional de la mina San Rafael, confirmando la decisión de la Corte Suprema de Justicia que un mes antes había suspendido las operaciones del proyecto por la discriminación del pueblo xinca que se detectó en la autorización que otorgó el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

En enero de este año Tahoe Resources, la empresa anunció el despido de 250 personas que estaban contratados en el proyecto que eran 1,030 personas, el 97 por ciento guatemaltecos y 50 por ciento de la región de Santa Rosa.

En agosto se dio el tercer despido de 200 trabajadores más, con lo que el proyecto acumuló 703 familias que fueron afectadas.

La compañía estimó en Q5.1 millones las pérdidas que se produjeron por día debido a la suspensión del proyecto. Los daños cuantifican el pago de proveedores, salarios, regalías e impuestos, entre otros.

El proceso tuvo varios retrasos y requirió que instituciones como el Ministerio de Cultura y Deportes, la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad del Valle de Guatemala, presentarán informes solicitados por los magistrados para poder dar un fallo.

Luego de varios meses de haber recibido los estudios académicos  y de escuchar a ambas partes, la máxima corte continuó sin pronunciarse, obteniendo las críticas del sector empresarial.