El general de brigada Érick Fernando Melgar Padilla no durmió en una bartolina de la prisión de la Brigada Mariscal Zavala como lo había ordenado ayer el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar pocas horas después de su captura en Escuintla, porque a solicitud de sus abogados permaneció toda la noche –y madrugada de hoy– en una carceleta de la Torre de Tribunales. Y este martes ya se encuentra en el Juzgado B de Mayor Riesgo para cumplir la audiencia de primera declaración.

Contrario a la imagen desgarbada que dio el lunes al ser trasladado desde su casa de descanso en el Puerto San José, donde la Policía Nacional Civil (PNC) lo aprehendió en presencia de fiscales del Ministerio Público (MP) y representantes de la CICIG, el todavía comandante de la Guardia de Honor se ha presentado a la judicatura con sus defensores, pero vistiendo traje completo y corbata, aunque igualmente esposado de las manos.

De entrada y previo al arranque del procedimiento en la etapa de primera declaración, los abogados plantearon otra acción legal con la insistencia de que su patrocinado es poseedor del derecho de antejuicio como presidente de un tribunal militar –hecho negado por la CSJ–, por lo que la orden de detención debe quedar sin efecto de nuevo, como ya a principios de año lo hizo la jueza Claudette Domínguez, y cuyo fallo anuló una Sala de Mayor Riesgo.

El alto oficial militar aprehendido en el porteño San Juan del Paraíso está señalado del cargo de obstrucción a la justicia en el expediente Manipulación de Justicia, por presuntamente haberse confabulado con otras personas –incluido el entonces Fiscal Contra el Crimen Organizado, Rony López– para que llevara adelante una investigación paralela y sesgada en relación a la violenta muerte de su padre José Armando Melgar Moreno, por una presunta disputa familiar.

Gálvez confirmó al inicio de la diligencia de hoy que Melgar permaneció en la Torre de Tribunales por requerimiento de sus representantes legales ante la posibilidad de que, hoy martes, el Sistema Penitenciario (SP) cancelara los traslados de detenidos a raíz de las amenazas de las maras Salvatrucha y Barrio 18 a cometer atentados en la presente fecha, –como conmemoración al rompimiento de la tregua entre ambas pandillas a inicios del presente siglo–. Y así ocurrió. No hay más presos.

En la sala judicial, sin embargo, una mujer se ha dado a la tarea de tomarle fotos a las otras personas, no obstante que las máximas autoridades del Organismo Judicial (OJ) lo prohibieron para quienes no son periodistas. Cosa similar sucedió ayer al momento de la captura del General en el Puerto, por lo que los fiscales ordenaron quitarle los celulares a quienes les captaban de manera intimidatoria.