Más de 60 organizaciones se manifestaron a favor y en contra de la iniciativa de ley de “Protección Integral y Reparación Digna a las Niñas y Adolescentes Víctimas de Violencia y Explotación Sexual y Trata de Personas”. La Comisión de la Mujer del Congreso escuchó la ponencia de cada uno de los representantes invitados en torno al Artículo 7 del proyecto, el cual señala que no será delito que un médico realice un aborto voluntario, por medio de medicamentos, a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual.

Sandra Morán, ponente de la propuesta de ley, aplaudió que la mayoría de entidades coincidieran en que son las menores quienes más sufren de agresiones sexuales. Resumió que de acuerdo a los datos del Sistema de Información Gerencial de Salud (Sigsa) del Ministerio de Salud, en lo que va del año, al menos 1,475 menores, de entre 10 y 14 años, tienen un embarazo no deseado a causa de un delito sexual.

“El único requisito para la interrupción voluntaria del embarazo será el llenado de un formulario”, se lee en uno de los párrafos del artículo. La congresista sumó a su exposición que el sistema de justicia es lento para resolver este tipo de casos, por ello plantea trabajar en la prevención y protección de las menores.

Orlando Cabrera, representante del Instituto Juntos por la Vida, dijo no estar a favor del proyecto, al justificar que al momento de un aborto no se considera la salud física y psicológica de la menor.