Los titulares de las instituciones que conforman la cadena de justicia, reunidos en el marco de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia (CNSAFJ), señalaron las dificultades que enfrentan ante el reclamo del derecho a la salud de las personas privadas de libertad.

La discusión se efectuó sin la participación del Ministerio de Gobernación o el Sistema Penitenciario, pese a que se les convocó para la discusión en la que se recordó que esa es la institución encargada de garantizar la atención médica de los privados de libertad.

Juan Francisco Sandoval, titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dijo que la fiscal general, María Consuelo Porras, instruyó a esa unidad para que solicitara a las judicaturas evaluaciones médicas para quienes sean procesados por casos de corrupción y permanezcan en prisión preventiva.

“La instrucción es que en todos los casos a cargo de la Fiscalía se requiera a las judicaturas que evalúen, periódicamente, a los detenidos para verificar sus condiciones de salud”, especificó Sandoval.

El vocero de Presidios, Rudy Esquivel indicó que el nuevo Director ordenó que se efectúe un diagnóstico sobre la capacidad instalada para dar atención médica a los reclusos y los plazos de respuesta. Agregó que no se recibió invitación para participar en la reunión del CNSAFJ.

evaluaciones

Por su parte, el director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), Fanuel García, señaló que de las 6 mil 358 personas en prisión preventiva, se había evaluado –hasta junio– a 5 mil 782. Esa práctica genera una carga innecesaria de trabajo para la institución, cuya función es proveer la prueba científica para los procesos penales.

La fiscal general Consuelo Porras recordó los lineamientos que establece el Código Procesal Penal: “El Sistema Penitenciario debe tener clínicas médicas que inmediatamente asistan a los privados de libertad o se les puede llevar a un centro privado o público y se le informará al juez”, indicó.

PDH y Otto Pérez

Delegados de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) verificaron la atención y el estado de salud del expresidente Otto Pérez Molina, quien se encuentra en el Centro Médico Militar a causa de problemas cardiacos. Señalaron que el hospital no cuenta con un desfibrilador externo y que el paciente está recibiendo atención adecuada y cuidados paliativos.