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Nacionales

Preocupa supresión del compromiso para testificar


Hoy se realizará la última audiencia pública sobre la iniciativa para la llamada Ley de Aceptación de Cargos.

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Ni renacuajos ni mucho menos sapos quieren los diputados, es el murmullo atribuido a los diputados con relación a la iniciativa 5311 que pretende modificaciones al Código Penal, llamada Ley de Aceptación de Cargos.

La reforma propone una rebaja de penas para que los sindicados acepten los cargos que les impute el Ministerio Público, a cambio del deber de declarar como testigos en los casos en los que se les  involucre u otros relacionados. La delación desagrada a los diputados, según fuentes consultadas, lo cual fue desmentido por el presidente de la comisión específica a cargo de la iniciativa, Manuel Conde.

“Es muy pronto para hablar de supresión o enmiendas”, indicó Conde, porque aún no se agota el foro público para la discusión de la iniciativa. Hoy se efectuará la última consulta pública de la iniciativa, con jueces y magistrados. Esta semana, el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal y la Corte Suprema de Justicia presentaron su opinión conjunta.

Que aporten evidencias

El planteamiento de las tres instituciones es, con relación al deber de testificar, que se fije un plazo de cinco años para poder llamar a declarar al beneficiario de la aceptación de cargos. Además, piden que se incluya la obligación de “aportar cualquier elemento o evidencia que tenga en su poder y que coadyuve a la investigación”, de acuerdo con la nota suscrita por la Fiscal General Consuelo Porras, la magistrada Delia Dávila y la directora del IDPP, Nidia Arévalo, a la que tuvo acceso elPeriódico.

“Yo veo sombrío el panorama, ante la posibilidad de que los diputados rechacen la obligación de declarar en el esclarecimiento de los hechos; así no tendría mayor sentido la aceptación de cargos, porque ya existe el procedimiento abreviado”, señaló Carmen Aída Ibarra, en voz de las agrupaciones Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro y Madres Angustiadas.

Otro de los puntos que se incluye en la opinión tripartita es que se suprima el “derecho de retractación” contemplado en la iniciativa, pues “no tiene razón de ser, ya que la misma indica que la aceptación de cargos se realiza de forma libre, informada, consciente y voluntaria por parte del imputado o acusado”, cita la postura oficial.

Que se excluya  delitos sexuales

Que los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, así como la trata de personas, queden excluidos del procedimiento de aceptación de cargos es la sugerencia del MP, Defensa Pública y la CSJ. El planteamiento también es una de las recomendaciones de FADS y Madres Angustiadas.

5

años   de plazo que los beneficiarios sean llamados a declarar, proponen entidades.

 

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