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Nacionales

El MP pide penas de hasta 28 años para acusados en IGSS-Pisa


La FECI solicitó que los integrantes de la Junta Directiva del Seguro Social cumplan penas de 15 años por la posible comisión de fraude.

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El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, solicitó al Tribunal Undécimo de Sentencia Penal que los 21 implicados en la contratación fraudulenta de servicios para enfermos renales y el arrendamiento de un edificio en Chiquimula, cumplan penas de entre cinco años y 28 años de prisión.

Los exintegrantes de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) son señalados por el Ministerio Público (MP) de autorizar la adjudicación de contratos anómalos que resultaron en la muerte de varios enfermos renales.

“Ellos (los acusados) estaban organizados en grupos de más de tres personas para cometer actos ilícitos que facilitaron el detrimento de los fondos del Estado”, señaló el fiscal en las conclusiones del debate, quien también recordó al tribunal que los acusados buscaron el beneficio propio y no el de la institución que representaban.

De acuerdo con las investigaciones, los representantes del Seguro Social y de la compañía habrían pactado la adjudicación del contrato por Q116 millones para el análisis peritoneal de pacientes con enfermedades renales.

Por comisiones ilegales

Sandoval también pidió que Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada suspendida de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Aída Stalling, cumpla una pena de 15 años en prisión, siete de ellos por asociarse ilícitamente y el resto por el cobro ilegal de comisiones; aunado a esa pena, el fiscal solicitó que se le imponga una multa de Q300 mil.

Molina Stalling es señalado por la fiscalía de servirse de su puesto como asesor de la Subgerencia Financiera del Seguro Social para favorecer a la empresa mexicana, Droguería Pisa, la adjudicación del proyecto, a cambio del cobro de comisiones ilegales.

La FECI también solicitó condenas para los dos representantes de la Droguería Pisa –Edgar René de la Peña Archila y Ramiro Armando Lorenzana Ortiz–, quienes son acusados de incurrir en cohecho activo. Además, Lorenzana es señalado de asociarse ilícitamente, por lo que el MP solicitó penas de ocho años y 15 años en prisión respectivamente, y la multa para cada uno por Q100 mil.

A consideración del MP las enfermeras –integrantes de la Junta de Licitación– deberán enfrentar una pena de diez años en prisión, siete de ellos por la comisión de fraude y tres más por incurrir en ese delito mientras ejercían en la entidad.

Pendiente petición de la CICIG

La audiencia 76 en el juicio contra los señalados en el caso se reanudará hoy con las conclusiones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la solicitud de penas que, a su criterio, los acusados deben cumplir.

 

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