La magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) María de los Ángeles Araujo Bohr envió una nota al pleno del máximo tribunal para solicitar “que se tomen las medidas pertinentes, en el menor tiempo posible y se presente el proyecto de ponencia” para dar resolución al tema de la Minera San Rafael.

El escrito al que tuvo acceso elPeriódico está fechado 18 de mayo y fue recibido el 21 de ese mismo mes. Ayer se intentó hablar con la togada pero no hubo respuesta a las llamadas a su celular. Tampoco respondió el magistrado ponente, Bonerge Mejía.

Fuentes cercanas a la alta Corte confiaron que ya hay un borrador de ponencia que se está analizando, pero aún de forma preliminar.

La carta de la magistrada Araujo expone “profunda preocupación por los campos pagados” que fueron publicados en los medios de comunicación Prensa Libre y elPeriódico el 17 de mayo, “mediante los cuales exhortan a la Corte de Constitucionalidad para que ponga fin a la incertidumbre provocada por la falta de resolución”.

Hace un año, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS) que dejó en suspenso la licencia que la compañía obtuvo para operar en San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Luego, el caso llegó hasta la CC que en marzo pasado pidió varios estudios a instituciones académicas y técnicas, públicas y privadas, como apoyo en la fundamentación del proceso.

En su misiva, la togada hace referencia a las vallas en las que se divulga el mensaje de que “el retardo en la administración de justicia también es corrupción”. “Dichas situaciones no solamente afectan la imagen institucional, sino que ponen en evidencia el retraso que en la emisión de la resolución se ha tenido”.

El no cumplir con el fallo en un plazo prudente, “podría provocar el planteamiento de demandas para el Estado de Guatemala y la deducción de responsabilidades civiles”, así también para la propia CC, cita la carta.

La comunicación de Araujo a sus colegas cierra expresando que su petición “no prejuzga sobre el criterio de otorgar o denegar el amparo correspondiente”.

Así como la nota de la magistrada suplente, se han presentado varios escritos, de acuerdo con personal de la Corte.

Hasta  22 meses

El estudio Carrera contra el tiempo: Cómo el poder judicial de Guatemala pone en riesgo la lucha contra la impunidad, de la organización Human Rights Watch documentó en 2017 varios casos en que la Corte de Constitucionalidad se excedió en los plazos para emitir sus resoluciones, lo que causó demoras de entre 18 y 22 meses.