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La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) presentará 327 medios de prueba con los que busca acreditar la participación de los 30 señalados de integrar una estructura dedicada a la defraudación tributaria en el caso La Línea.
La audiencia estaba programada para ayer, pero la incomparecencia de Roxana Baldetti al Juzgado de Mayor Riesgo B impidió que se llevara a cabo y se reprogramara para mañana. Ante el aplazamiento de la misma, varios de los sindicados que guardan prisión preventiva solicitaron revisar las medidas de coerción.
El expresidente Otto Pérez Molina fue uno de los que solicitó la programación de una nueva revisión de medida, después de que el juez Miguel Ángel Gálvez rechazara otorgarle el arresto domiciliar en marzo pasado, por la falta de vigencia en algunos de los exámenes realizados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Según la defensora de Pérez Molina, ya cuentan con los nuevos estudios realizados a su patrocinado.
Además, los diez beneficiados con arresto domiciliar durante las vacaciones de Gálvez asistieron al juzgado sin custodia del Sistema Penitenciario (SP). Dentro de ellos están la exintendente de aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Claudia Méndez Asencio, así como varios trabajadores de esa dependencia y del Puerto Quetzal.
30
personas son procesadas por su supuesta participación en la estructura de La Línea.
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El segmento de préstamos empresariales mayores fue el único que mostró retroceso, según análisis de Fundesa.
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