Las organizaciones Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS) y Madres Angustiadas identificaron la fallida implementación del Instituto de la Víctima, que debía iniciar operaciones en enero de 2017. La entidad fue creada en 2016 con la finalidad de brindar asistencia y atención, así como procurar una reparación digna para los agraviados por hechos criminales.

Contrario a otras entidades, al Instituto se le asignó un presupuesto de Q15 millones en 2015, señala el Movimiento Pro Justicia, recursos que no se pudieron utilizar porque la conformación del Consejo del Instituto no se había concretado “por falta de interesados de la sociedad civil para conformarlo”, señalan.

La infructuosa iniciativa de ley para crear un órgano consultor –integrado por las entidades que han contribuido con la atención, apoyo y visibilización de las víctimas– también retrasó la puesta en marcha del Instituto, informaron las agrupaciones.

“La ausencia del Instituto, además de retrasar la asistencia, supone una duplicidad de funciones, ya que distintas entidades del sector justicia tienen sus propios mecanismos de atención a las víctimas”, cita el comunicado conjunto de las organizaciones.