El desarrollo del juicio contra 22 personas señaladas de la contratación anómala de diálisis peritoneal para enfermos renales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se ha entorpecido por diversos amparos y excusas en los Tribunales de Sentencia, por más de dos años.

Jesús Oliva, procesado en el caso y quien fungió como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) fue hallado muerto en su celda de la cárcel Brigada Militar Mariscal Zavala, el pasado lunes.

En abril de 2016, el Tribunal Octavo se excusó de conocer el expediente, por lo que en octubre de ese mismo año, el Tribunal Noveno comenzó el enjuiciamiento.

El 10 de enero de 2017, luego de 33 audiencias; el juez a cargo del caso, Carlos Ruano, denunció presiones de la magistrada separada del cargo, Blanca Stalling, para que beneficiara con libertad condicional a su hijo, Otto Fernando Molina, señalado en el mismo proceso.

La denuncia del juzgador se acompañó de la inhibitoria para continuar el proceso. El caso volvió a detenerse.

El Tribunal Décimo fue designado para reiniciar el juicio; sin embargo, no conoció ningún expediente por diferencias con los abogados representantes de las víctimas.

En agosto pasado, la judicatura Undécima reinició el debate con audiencias de miércoles a viernes, semanalmente.

Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) informó que el próximo martes, posiblemente, se presentarán las conclusiones.