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En 2001 se adquirieron tres propiedades en Escuintla valoradas en Q13.1 millones para crear tres aldeas. No se realizó sin ningún estudio de riesgo para los pobladores.
Las comunidades La Reina, El Tabacal y Don Pancho, ubicadas en las faldas del volcán de Fuego y en una zona de alto riesgo de emisión de flujos piroclásticos y lahares; fueron creadas hace 17 años después de que a un grupo de 269 familias se les autorizaran créditos de parte del Fondo de Tierras (Fontierras), según consta en las actas de negociación de la entidad. Los poblados fueron autorizados sin realizar estudios sobre el peligro que representaba para los comunitarios. De acuerdo con los documentos con los que se adquirieron los terrenos, la finca en la que hasta hace una semana estaba asentado el caserío La Reina –de la aldea El Rodeo– fue comprada a la empresa Alimentos Elba, S.A. con un valor de Q8.7 millones. Como representante legal de la compañía fungió Blanca Edelmira Trejo Alveño de Orozco, mientras que por parte del Fontierras participó el ingeniero Luis
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AFP
El Real Madrid logró una victoria in extremis ante el Valencia (2-1) con dos goles en tres minutos de Vinicius y Karim Benzema (86 y 88), este domingo en la quinta jornada, para mantener el primer puesto de la Liga.
efe
Panamá vive un período de control de la pandemia, expresado en una tendencia a la baja de nuevos casos y defunciones por COVID-19.
Lionel Toriello
‘“… La Ley de Amparo establece que ‘si el solicitante del Amparo no puede firmar, lo puede hacer por él otra persona o el abogado que auxilia (inciso i del Artículo 21)’. Es fundamental que quede claro que la Ley no exige que el solicitante se encuentre en territorio nacional para plantear un amparo y que en caso de que el solicitante no pueda firmar, lo puede firmar el abogado que auxilia. En los amparos donde no he podido firmar las solicitudes, por no estar en Guatemala o por otra razón, lo hizo por mí el abogado que me auxilió en cada caso. He cumplido con todos los requisitos que exige la Ley, para solicitar amparos y la Corte de Constitucionalidad no me puede pedir requisitos distintos a los que están específicamente definidos en el Artículo 21 de la Ley de Amparo. Los magistrados Roberto Molina, Dina Ochoa, Leyla Lemus y Rony López pretenden violar mis derechos, ordenar mi persecución penal y pretender que el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala me sancione, a pesar de que he cumplido estrictamente la ley…”’, Alfonso Carrillo, jurista guatemalteco disidente, objeto, como otros, de una obvia y burda ‘vendetta’ política.
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