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Nacionales

Las consecuencias de estar en la lista de corruptos


La normativa aprobada por el Congreso de Estados Unidos establece que una vez entre en vigencia, la Secretaría de la Defensa y la Dirección de Inteligencia Nacional tienen 180 días para entregar un reporte sobre funcionarios del Triángulo Norte de Centro América.

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Los funcionarios de Guatemala, El Salvador y Honduras están bajo la mira en Estados Unidos (EE. UU.). Fuentes del Congreso estadounidense aseguran que los funcionarios que sean incluidos en la lista por haber cometido actos de corrupción y narcotráfico, podrían ser sancionados con la cancelación de la visa, congelación de cuentas bancarias u otras inversiones en ese país y principalmente, ser vetados por políticos estadounidenses, lo cual consistiría en negarles cualquier reunión con ellos. Este tipo de acciones, son parte de las sanciones que la legislación estadounidense establece, explicaron asesores de congresistas en Washington.

El jueves 24 de mayo, el Congreso estadounidense aprobó por unanimidad una enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional, en la cual se establece la creación de ese listado. Después que sea aprobado por el Senado, la nueva normativa le da 180 días (seis meses) a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Dirección Nacional de Inteligencia de Estados Unidos para que envíen al Comité de la Defensa, de Relaciones Exteriores del Congreso y del Senado un reporte, de manera desclasificada, de los funcionarios o individuos que hayan participado en narcotráfico y financiamiento electoral ilícito en Guatemala, Honduras y El Salvador.

“La lista se va a elaborar según los criterios de la Secretaría de la Defensa Nacional, probablemente con base a la información generada por las agencias de inteligencia –de esa institución–. Esta medida dura es necesaria, porque ciertos actores están intentando garantizar su impunidad, y no podemos permitir esto”, explicó la congresista demócrata, Norma Torres a elPeriódico.

Torres, representante del Estado de California, es fundadora y copresidenta del bipartidista Caucus de Asuntos de Centroamérica. La enmienda presentada es parte de las acciones que impulsa para apoyar el combate a la corrupción en el Triángulo Norte de Centro América.

 

La congresista estadounidense Norma Torres, impulsó la enmienda a la Ley de Autorización de Defensa Nacional en Estados Unidos.

La visita en Washington

Mientras el Congreso estadounidense legisla a favor de la lucha contra la corrupción en Guatemala, El Salvador y Honduras, el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, tuvo una serie de reuniones entre martes y jueves con congresistas, senadores y miembros del Departamento de Estado de Estados Unidos.

El viaje de Velásquez estuvo relacionado con la controversia que generó en Washington el caso que enfrenta la familia rusa Bitkov por supuesta compra de documentos de identificación guatemalteca a una red criminal que operaba en la Dirección General de Migración. Por esta situación, el senador republicano Marco Rubio anunció que solicitaría que se detenga la asignación de US$6 millones que Estados Unidos aporta a la CICIG.

Esta semana el Gobierno de Estados Unidos manifestó su apoyo a la CICIG por medio de Richard H. Gleen, subsecretario Interino de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, del Departamento de Estado de EE. UU. (INL, por sus siglas en inglés). El funcionario resaltó que la Comisión ha sido muy criticada, pero que este tipo de ataques provienen de diferentes grupos políticos, lo cual es considerado por Gleen como algo positivo, porque al cooperar con la CICIG lo único que buscan es dar un ambiente de mayor seguridad a los inversionistas estadounidenses en Centroamérica y así evitar que las personas de esa región migren hacia Estados Unidos.

La defensiva  del Gobierno

Por su parte, el Gobierno de Guatemala realizará una evaluación al mandato de la CICIG en el Consejo Nacional de Seguridad. El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, explicó que los miembros del Consejo examinarán si el allanamiento a Casa Presidencial en noviembre de 2016 amenaza a la seguridad nacional. El Gobierno aún no notifica cuándo será la próxima reunión de esta instancia y maneja de forma reservada esta información.

180

 

días  tendrá la Secretaría de la Defensa  para entregar el listado de funcionarios corruptos, de aprobarse la enmienda.

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