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Nacionales

Congreso estadounidense pide a Defensa lista de funcionarios corruptos del Triángulo Norte Centroamericano


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Por unanimidad, Cámara de Representantes aprueba iniciativa de Norma Torres y fija 180 días de plazo a la secretaría militar para remitirle la nómina de sospechosos.

Con el objetivo fundamental de identificar a los funcionarios públicos que en Guatemala, El Salvador y Honduras están o han estado involucrados en corrupción, tráfico de drogas y el crimen organizado, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este jueves una enmienda por la que se ordena a la Secretaría de Defensa elaborar un listado de sospechosos y remitirla al Congreso en el plazo máximo de 180 días.

La iniciativa, avalada por unanimidad, fue planteada por la representante californiana del Partido Demócrata Norma Torres, de origen guatemalteco, para poder ser agregada a la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA, por sus siglas en inglés), aunque se ha explicado que el procedimiento legislativo incluye que finalmente corresponda al Senado dar el visto bueno final, modificarla o rechazarla.

Al respecto, la congresista nativa de un pueblo de Escuintla, emitió la siguiente declaración oficial en sus redes sociales: “Hoy el Congreso ha dado un paso importante para fortalecer el estado de derecho en América Central. Durante varios años, los demócratas y los republicanos en el Congreso de Estados Unidos se han unido para apoyar a los valientes fiscales, jueces e investigadores policiales que trabajan para erradicar la corrupción y el crimen organizado”.

Lea a continuación su pronunciamiento:

 

Propuesta de Torres para Fortalecer la Lucha contra la Corrupción en América Central Aprobada por la Cámara de Representantes
 
WASHINGTON, DC — Hoy, la representante Norma J. Torres (D-CA), fundadora y copresidenta del bipartidista Caucus de Asuntos de Centroamérica, anunció que una enmienda que presentó fue aprobada por unanimidad por la Cámara de Representantes. La enmienda, que se incluyó en la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) anual, requerirá que el Secretario de Defensa elabore una lista de funcionarios de los gobierno centroamericanos que están involucrados en la corrupción.
 
“Hoy, el Congreso ha dado un paso importante para fortalecer el estado de derecho en América Central. Durante varios años, los demócratas y los republicanos en el Congreso de los Estados Unidos se han unido para apoyar a los valientes fiscales, jueces e investigadores policiales que trabajan para erradicar la corrupción y el crimen organizado,” dijo Torres. “La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras han jugado un papel esencial en este proceso.”
 
La aprobación de la enmienda se produce mientras los funcionarios corruptos y las redes de delincuencia organizada en Centroamérica están intensificado sus esfuerzos para revertir la lucha contra la corrupción. En Honduras, El Salvador y Guatemala, las legislaturas han aprobado leyes dirigidas a debilitar las penas por corrupción. Al mismo tiempo, los fiscales, los jueces y los líderes de las organizaciones internacionales contra la corrupción han enfrentado a campañas de difamación y amenazas contra sus vidas. Algunas personas de América Central incluso han contratado a firmas de cabildeo en Washington para influir en la política de Estados Unidos en Centroamérica, en algunos casos pagando hasta 80.000 dólares por mes.
 
«No debería sorprendernos que los funcionarios corruptos en Centroamérica intenten socavar la lucha contra la corrupción,” dijo Torres. “Pero eso no significa que debamos aceptarlo. Es hora de que nos pongamos hombro con hombro con nuestros aliados verdaderos de la región al perseguir directamente a algunos de estos malos actores.”
 
Torres es miembro de la Subcomisión sobre el Hemisferio Occidental del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. El año pasado, la Cámara de Representantes aprobó la resolución bipartidista que presentó para reafirmar el apoyo del Congreso para la lucha contra la corrupción y su enmienda para proteger el financiamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y Impunidad en Honduras.
 

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