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Nacionales

Sindicados buscan sanciones administrativas contra jueces


Los señalados en casos de corrupción y de violaciones a los derechos humanos denunciaron a los juzgadores Erika Aifán y Pablo Xitumul.

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El Tribunal de Mayor Riesgo C, presidido por Pablo Xitumul, y el Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, fueron denunciados por la vía administrativa por los sindicados con procesos abiertos a cargo de esos órganos jurisdiccionales.

Aifán confirmó que el magistrado separado del cargo, Eddy Giovanni Orellana Donis –sindicado en el caso de Comisiones Paralelas– la denunció administrativamente por autorizar un allanamiento en su vivienda.

Orellana señaló que el apartamento en el que vive no podía ser objeto de allanamiento porque también pertenece a su esposa Doris Lucrecia Alonso Hidalgo, quien se desempeña como magistrada de Sala y posee inmunidad.

Además, en contra de Aifán accionó el abogado procesado en el caso Caja de Pandora –señalado de lavado de dinero y otros activos– quien indicó que la juzgadora carece de imparcialidad en el proceso en su contra.

En tanto, en contra de Xitumul pesan las denuncias realizadas por Antonio Pupo, Silvia Leticia de Callejas y Jennifer Zaldaña, familiares de los militares juzgados en el caso Molina Theissen.

Supervisan a juzgadores

Esta semana fueron auditados por la Supervisión General de Tribunales (SGT) todos los juzgados del ámbito penal, incluidos los que están a cargo de Aifán y Xitumul.

 El titular de la institución, Ángel Joaquín, aseguró que las auditorías del 14 de mayo al 18, corresponden a la planificación anual de supervisiones y no son de carácter sancionatorio (que son las que efectúan cuando existen denuncias).

Sin embargo, otros juzgadores adujeron sentirse amenazados por las visitas de la SGT, ya que dichas acciones las consideran como un acto intimidatorio por conocer casos de alto impacto.

“Son auditorías preventivas que se realizan todos los años. Esta semana estaban asignados los tribunales del ámbito penal de la ciudad”, dijo Joaquín.

El Supervisor también dijo que durante ese procedimiento se examinan alrededor de 15 expedientes por cada oficial, los cuales son seleccionados de forma aleatoria, en los cuales se verifica el cumplimiento de los procesos.

Además, aseguró que en las visitas se determina si hacen falta insumos o recurso humano para luego realizar las recomendaciones al Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) y al pleno de magistrados de la Corte Suprema (CSJ).

El presidente del CCJ, Carlos Guerra, aseguró que no tenía conocimiento de las acciones realizadas por la Supervisión, pero que probablemente se trataba de un procedimiento de rutina.

 

“Ellos actúan de oficio, las visitas son de rutina ya que se trata de varios tribunales y juzgados, pero también las realizan cuando alguien presenta una denuncia específica”, dijo Guerra.

 

Intentos de desgastar el sistema

El presidente de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, Aroldo Vásquez, aseguró que se encuentran vigilantes de las observaciones que constantemente realiza la Supervisión de Tribunales en las judicaturas de Mayor Riesgo. “Esa práctica nos está preocupando porque pareciera que usan la Supervisión para tratar de desgastar el sistema”, dijo Vásquez.

 

 

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