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Nacionales

Los pendientes de la PGN tras el paso de Anabella Morfín


La Procuradora anunció que entregará hoy un informe sobre el trabajo de la CICIG, pero la decisión de hacerlo público quedará en manos de la Secretaría General de la Presidencia.

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Hoy dejará el cargo como Procuradora General de la Nación la abogada Anabella Morfín, quien ayer presentó su informe sobre los casi dos años que estuvo en el puesto. En su rendición de cuentas, la profesional destacó las reparaciones económicas a favor del Estado en distintas áreas; pero poco habló sobre los casos que quedarán pendientes, entre estos un análisis sobre cómo fueron otorgados los títulos de usufructo sobre las frecuencias televisivas al consorcio de medios Albavisión.

Morfín fue juramentada como Procuradora el 3 de junio de 2016, un día después de que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) revelaron el caso Cooptación del Estado, en el cual el grupo Albavisión –propiedad del mexicano Ángel González– fue señalado de financiar de manera ilícita la campaña electoral de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

El primer ofrecimiento de la Procuradora fue revisar los títulos de usufructo dados a las empresas que representan a los Canales 3, 7, 11 y 13 de televisión abierta; sin embargo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) argumentó que no obtuvo los documentos originales de estos por lo que no se pudo realizar ningún análisis. Pero un examen especial de la Contraloría General de Cuentas (CGC) identificó que las frecuencias fueron otorgadas a la corporación de Ángel González sin que existiera ningún beneficio para el Estado.

Usufructo a TCQ

Aunque la PGN logró que el usufructo oneroso otorgado a la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) fuera declarado nulo, el proceso avanza a paso lento, pues los demandados plantearon un recurso de casación que deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). En dicha causa, la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo no se pronunció sobre una reparación a favor del Estado, porque la PGN no especificó el monto.

Al inicio este caso se dilucidó en el área penal, porque el MP y la CICIG revelaron que el contrato a TCQ fue otorgado tras el pago de sobornos por parte de empresarios españoles a funcionarios guatemaltecos. Luego se accionó por la vía contenciosa porque antes de conceder el usufructo se obvió la realización de una licitación pública.

Pactos colectivos

Otro de los aspectos que generó expectativa sobre el trabajo de la Procuraduría, fue la revisión de los pactos colectivos; debido a que en varios de estos se habían acordado beneficios salariales para los empleados públicos, pero sin respaldo presupuestario. Aunque se adelantó que se impugnarían al menos nueve pactos colectivos, solo se solicitó la nulidad de los compromisos del Ministerio de Salud y del Congreso.

Informe sobre CICIG

La PGN anunció que entregará hoy un informe sobre las actuaciones de la CICIG, solicitado por el presidente Jimmy Morales quien inició una ofensiva en contra de la Comisión y del MP después de que ambas instituciones revelaron la segunda fase del caso por el financiamiento ilícito, supuestamente recibido por el partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) durante la campaña electoral de Morales. Morfín dijo que la Secretaría General de la Presidencia será la institución que decida si hace públicos los datos del informe.

Sobre los casos que quedarán pendientes, la Procuradora dijo que tras su salida de la PGN solo existirá un cambio en la representación legal del Estado, “pero los juicios continúan sin ninguna interrupción y se les da continuidad, por lo que no se afecta ninguno de estos”, indicó.

Reparaciones al Estado

En el informe de gestión revelado ayer se indicó que entre 2016 y lo que va de este año, la PGN logró que el Estado obtuviera Q1.2 millardos por concepto de reparación digna en procesos penales. Mientras que, por casos tributarios y contenciosos administrativos la institución logró la captación de Q154 millones durante la gestión de Morfín. También se destacó que, de las 4 mil 544 denuncias recibidas por la Procuraduría de la Niñez y la Adolescencia; solo 102 menores de edad fueron institucionalizados.

“Los juicios continúan sin ninguna interrupción y se les da continuidad, por lo que no se afecta ninguno de estos”.

Anabella Morfín, procuradora general.

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