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Nacionales

Emiten dictamen desfavorable a iniciativa anticorrupción


Congresistas consideran que las sanciones que imponía la iniciativa de ley 5400 son “muy severas” para los funcionarios que cometieron delitos durante su gestión.

 

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Con un quórum mínimo, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso dictaminó desfavorablemente la iniciativa de ley que buscaba la inhabilitación de los funcionarios que durante su gestión cometieran actos contra la administración pública.

Nueve de los 16 integrantes de la sala de trabajo acordaron que el tema de la “inhabilitación” ya está legislado en el Código Penal, por lo que la iniciativa “estaba de más”.

La propuesta planteaba que la inhabilitación para ejercer un cargo público sería hasta por 20 años, principalmente, cuando el funcionario estuviera involucrado en actos de malversación de fondos por medio de contratación administrativa irregular con la retribución de favores políticos. A ello se sumaba la suspensión de los derechos políticos, la pérdida del empleo o cargo público, incapacidad para obtener cargos y comisiones públicas, así como la privación del derecho a elegir y ser electo.

Los ponentes de la normativa –Frente Parlamentario por la Transparencia– pedían el cambio al Artículo 58 del Código Penal. Fernando Linares Beltranena, presidente de la sala de trabajo, indicó que existieron dos razones para no darle luz verde a la propuesta: porque causaba confusión –ya que la actual normativa contempla la inhabilitación general y especial– y porque la pena de 20 años es “desproporcional”.

De acuerdo al legislador, no existe razón para continuar castigando a la persona que cometió un delito y que pagó su condena. Expresó que la redacción del documento es muy limitada a los derechos constitucionales que tiene cada persona.

Cero avance en transparencia

El diputado de la bancada Todos, Jean Paul Briere, calificó como lamentable que la sala de trabajo no considere como positivo el proyecto de ley. Indicó que con esto se refleja el poco avance que existe en el Congreso para conocer temas de transparencia y rendición de cuentas.

“Buscamos que haya un buen actuar de parte de los funcionarios y que las sanciones sean fuertes para aquellos que no cumplan bien con su función”, resumió el congresista. En tanto que Linares, insistió que otro aspecto que se tomó en cuenta para darle dictamen desfavorable fue que se analizó el documento de forma “abstracta” y no para perjudicar a alguien a futuro.

136

 

es el puesto  que ocupa Guatemala, de 176 países que tienen índice alto de corrupción.

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