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Nacionales

Congreso busca aprobar leyes que benefician a señalados de corrupción


Diputados pretenden reunir 105 votos y aprobar la ley de Aceptación de Cargos y reformas al delito de financiamiento electoral ilícito.

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El avance del caso por financiamiento electoral ilícito contra el Frente de Convergencia Nacional (FCN) ha puesto a los diputados en una carrera a contrarreloj para aprobar leyes que beneficien a los acusados en casos de corrupción por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Específicamente los diputados de FCN, Todos, Movimiento Reformador (MR), Alianza Ciudadana (AC), Unión del Cambio Nacional (UCN), Partido de Avanzada Nacional (PAN), pretenden avanzar esta semana en la aprobación de la Ley de Aceptación de Cargos y las reformas al delito de Financiamiento Electoral Ilícito.

De acuerdo con diputados consultados al respecto la estrategia de FCN y sus aliados es buscar la aprobación de dichas iniciativas de ley por urgencia nacional, para lo cual necesitan 105 votos. Es por eso que pretenden que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) aporte los votos necesarios para alcanzar la mayoría calificada.

Se intentó contactar a Orlando Blanco y Carlos Barreda, de la UNE, para consultarles sobre la postura que adoptarían dentro del Pleno, sin embargo, no atendieron las llamadas.

En tanto otros diputados que pidieron anonimato manifestaron que existe nerviosismo dentro de los distintos bloques por la reacción que puede tomar la ciudadanía ante la eventual aprobación de dichas propuestas de ley.

La aceptación de cargos

En el caso de la Ley de Aceptación de Cargos, existen dos propuestas. La primera es la 5132 propuesta por Oliverio García Rodas y la 5311 planteada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Se prevé que la 5132 sea conocida en segundo debate, tras la petición que hiciera la semana pasada el diputado Luis Enrique Hernández Azmitia en la instancia de jefes de bloque, sin embargo, se espera que esta sea retirada para entrar a conocer la propuesta de la CSJ.

Esa iniciativa establece una rebaja de la pena en una tercera parte a quien acepte los cargos que se le imputan en la audiencia de primera declaración, una cuarta parte de la sanción a quien acepte su culpabilidad en la etapa intermedia y se beneficiaría al acusado con una disminución de la quinta parte de la pena a quien se declare culpable antes de iniciar el juicio.

Los diputados pretenden aumentar dichos porcentajes para reducción de penas y establecer que el mecanismo de aceptación de cargos no aplicaría a quienes sean acusados por delitos de lesa humanidad, sexuales, trata de personas y los relacionados a crímenes contra la vida y extorsiones.

 

El financiamiento electoral ilícito

En cuanto a las reformas al delito de financiamiento electoral ilícito, la intención central de los parlamentarios es convertir la pena en una sanción conmutable.

En la actualidad dicho delito establece prisión de cuatro a doce años inconmutables y la intención de los legisladores es dejar una pena mínima de dos años y máxima de cinco, por lo que el delito pasaría a ser remisible.

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