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Nacionales

Dos sindicados comparecen ante juzgado por financiamiento electoral ilícito dado al FCN – Nación


Se reproducen declaraciones de dos colaboradoras eficaces y Éricka Aifán, Jueza D de Mayor Riesgo, escucha a las partes procesales.

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Para este miércoles 25 de abril, se prevé el inicio de la audiencia de primera declaración de quienes financiaron con al menos Q15 millones al Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en la campaña electoral 2015 y que llevó a la presidencia a Jimmy Morales. Dicha audiencia es efectuada este día por la Jueza D de Mayor Riesgo, Éricka Lorena Aifán, pero de los citados únicamente dos se presentaron.

Se trata del empresario José Andrés Botrán Briz y Luis Rodrigo Arenas Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN), quienes comparecen. El prófugo exdiputado Edgar Justino Ovalle Maldonado, buscado internacionalmente por acusaciones de violaciones a los derechos humanos siendo militar activo en los años ochenta, sigue sin dar muestras de su paradero.

Las citaciones son producto de la investigación abierta por el Ministerio Público (MP) y la CICIG sobre millonarios “aportes” concedidos a ese partido para, entre otras cosas, pagara los servicios de sus fiscales de mesa, pero las cantidades reportadas en su momento –Q103 mil 706 por la primera y segunda vueltas– al Tribunal Supremo Electoral (TSE) difieren por mucho de lo determinado por las autoridades.

 

 

El 26 de febrero pasado la empresaria Paulina Paiz Riera y Olga Méndez López, representantes de Novaservicios, S.A., declararon voluntariamente ante la Fiscalía sobre el financiamiento otorgado a la campaña de Jimmy Morales, aseguró la jefa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, durante una conferencia de prensa conjunta con el comisionado internacional Iván Velásquez.

Las pesquisas revelaron que entre julio y agosto del 2015 varios empresarios conocían la probabilidad de que Morales tomara ventaja sobre otros aspirantes presidenciales, como Sandra Torres y Manuel Baldizón, lo cual les llevó a conceder el financiamiento, pero sin que la organización política lo reportara al TSE como en ley correspondía.

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