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Nacionales

FECI solicita que se realice investigación y auditoría contra quienes alertaron a tres implicados en caso de corrupción


Los ahora prófugos están implicados en la compra fraudulenta de ambulancias para el Seguro Social. 

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Supervisores auxiliares de Tribunales acudieron a la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI) para ratificar la denuncia por la posible fuga de información sobre órdenes de detención que interpuso el jefe de esa unidad, Juan Francisco Sandoval.

El fiscal solicitó que se realice una indagación en relación a las personas que tuvieron conocimiento y acceso a la información sobre las aprehensiones giradas por Juzgado Décimo de Primera Instancia. Además requirió una auditoría al sistema informático para determinar la eficiencia del mismo.

Según informó la CICIG ayer, tres personas fueron alertadas mediante llamadas telefónicas el 12 de abril. Los tres prófugos y otras cuatro que residen fuera del país están implicados en la compra fraudulenta de ambulancias para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) por Q49.2 millones, en 2014.

El jefe de la FECI expresó que es necesario que se tenga conocimiento de quiénes estuvieron implicados en el procedimiento para girar y ejecutar las detenciones contra Henry Romero, vinculado por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y tráfico de influencias; Carlos Humberto González Castellanos, señalado por peculado, asociación ilícita y fraude; y Juan Carlos Fernández Valle, sindicado de lavado de dinero u otros activos.

Además, Sandoval atribuyó el fracaso del operativo a la implementación de un sistema que permite compartir las capturas vía electrónica entre los juzgados y las unidades operativas de la PNC.

PDH se pronuncia

Jordan Rodas, procurador de los Derechos Humanos (PDH) lamentó que desde adentro del Estado se esté atropellando la labor del MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en contra de la corrupción.

El magistrado de conciencia señaló que la fuga de información muestra la precaria condición del sistema de Justicia, que exige una profunda reforma para fortalecer a las instituciones.

Rodas recomendó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocar el sistema electrónico que se instaló, principalmente por el daño que causó.

Por último realizó un llamado a las entidades gubernamentales para que adquieran un compromiso por erradicar la impunidad y no permitir el boicot contra la justicia.

 

 

 

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