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Nacionales

CICIG señala que sindicados fueron alertados de captura


Henry Madrid, Carlos González y Juan Fernández no fueron localizados en sus domicilios.

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Mediante llamadas telefónicas, efectuadas el 12 de abril pasado, tres personas fueron alertadas de órdenes de captura en su contra, informó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en un comunicado.

Los tres prófugos y otras cuatro personas que residen fuera del país, están implicados en la compra fraudulenta de ambulancias para el Seguro Social, por Q49.2 millones, en 2014.

En un comunicado de prensa, la CICIG, explicó que ninguno de los tres sindicados fue localizado en sus domicilios durante los allanamientos para ejecutar las capturas, emitidas por el juez suplente Gustavo Peinado, del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal.

Se trata de Henry Madrid Romero, sindicado por asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y tráfico de influencias; Carlos Humberto González Castellanos, sindicado de los delitos de peculado, asociación ilícita y fraude; y Juan Carlos Fernández Valle, sindicado de lavado de dinero u otros activos.

“Dichas personas ya habían sido notificadas previamente de los operativos mediante llamadas telefónicas realizadas el día jueves 12 de abril”, señaló el comunicado de la CICIG.

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Francisco Sandoval, atribuyó el fracaso del operativo a la implementación de un sistema que permite compartir las capturas vía electrónica entre los juzgados y las unidades operativas de la Policía Nacional Civil (PNC). Esa disposición, según el fiscal, fue emitida por la Cámara Penal.

En declaraciones a la prensa, los miembros de la Cámara Penal expusieron que, por convenios interinstitucionales se aprobó el uso de tecnología para la notificación de las órdenes de aprehensión. “Por ninguna razón, los miembros de la cámara tenemos acceso a la información; hemos podido advertir que quienes tuvieron en sus manos esa orden de aprehensión electrónica fue el juez que la emitió y el fiscal que la pidió”, explicó el magistrado Felipe Baquiax.

La orden se trasladó vía electrónica a la PNC, añadió Baquiax.

El sistema electrónico se instaló por acuerdo interinstitucional, incluida la Fiscal General y el Ministerio de Gobernación, respondió Baquiax ante las preguntas de quién promovió la gestión virtual de las órdenes de aprehensión.

Durante la mañana se señaló que la fuga de información obedeció a una instrucción de la Cámara Penal, que integra el magistrado Ranulfo Rojas –elegible como candidato a Fiscal General- lo que motivó la aclaración de la Cámara, en la que Rojas estuvo presente.

Se investigará

El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, indicó que se investigará a lo interno de la PNC sobre una posible fuga de información. Añadió que el sistema electrónico se utiliza desde hace ya varios meses, mediante un sistema seguro, encriptado. Los puntos de acta que compartió el OJ advierten que la implementación del proyecto se inició en junio de 2017.

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Órdenes de aprehensión se han ejecutado mediante notificación electrónica, según la Cámara Penal.

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