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Nacionales

Los buscados huyen: Uso de aplicación tecnológica en juzgados frustra tres capturas por compra de ambulancias en el IGSS


La fuga de información “legal”: Herramienta administrativa en uso desde enero alerta sobre órdenes de aprehensión publicadas por jueces, lo que hoy impide consumación de un nuevo Viernes de CICIG.

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La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) instó a la utilización de una aplicación administrativa donde los jueces publican las órdenes de aprehensión, lo que provoca la filtración de la información y los señalados se den a la fuga, como sucedió esta mañana con varios allanamientos relacionados con otro millonario escándalo en el IGSS, según confirmó la FECI.

Henry Madrid Romero, Carlos Gonzáles y Juan Carlos Hernández, vinculados a un fraude más en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), lograron darse a la fuga previo a conocer que habían sido giradas orden de detención en su contra por una compra anómala de ambulancias, confirmó el titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Juan Francisco Sandoval.

Durante tres cateos domiciliares ejecutados en inmuebles de la ciudad de Guatemala, tanto el personal policiaco, de la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) solamente encontraron afuera a los abogados de los buscados, así como a reporteros de un medio radial. Los operativos continúan para secuestrar evidencias que fortalezcan la investigación.

La “herramienta”

 

 

Cabe destacar que el nuevo sistema informático fue aprobado por los miembros de la Cámara Penal integrada por el magistrado Rafael Ranulfo Rojas Cetina, postulante a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP). El presidente es Josué Felipe Baquiax y también la conforman Delia Dávila Salazar y Néster Vásquez Pimentel.

Dicha herramienta se utiliza desde enero en los juzgados civiles, penales, familiares y laborales, señaló el portavoz del Organismo Judicial (OJ) Ángel Pineda, quien contradijo lo denunciaqdo por el fiscal Sandoval al indicar que la Cámara “no participa en ninguno de los procesos judiciales” y que las órdenes de captura solo son conocidas por fiscales, jueces que las emiten y la Policía Nacional Civil (PNC).

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