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Nacionales

Diputados proponen reducir penas a financistas anónimos


La reforma que eximía de responsabilidad a los secretarios generales de partidos políticos, fue cuestionada en 2017.

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La Comisión específica del Congreso para reformar el delito de financiamiento electoral ilícito conoció ayer tres propuestas, las cuales redundan en que quienes sean hallados culpables de dar o recibir aportaciones dinerarias –o en especie– para actividades electorales y de organizaciones políticas sin informar al Tribunal Supremo Electoral (TSE), deben recibir penas menores a las que establece el Artículo 407 “N” del Código Penal, de cuatro a 12 años inconmutables y multa de Q200 a Q500 mil.

El primer planteamiento fue diseñado por el diputado Oliverio García Rodas, quien propuso modificar el segundo párrafo del apartado 407 “N” para que los responsables de administrar los fondos –y no los secretarios generales– sean sancionados con prisión de tres a cinco años y multa de Q20 mil a Q50 mil, además de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, cuando no registren el financiamiento.

De acuerdo con García Rodas, los financistas que no informen al TSE de los aportes dados a alguna organización serían sancionados con cárcel de dos a tres años y multa de Q10 mil a Q25 mil. Con esta propuesta, la forma de penalizar el delito cambiaría porque el Artículo 50 del Código Penal establece que, la prisión que no exceda de cinco años es conmutable.

Este mismo planteamiento fue cuestionado por la población en septiembre de 2017, cuando los diputados modificaron de urgencia nacional el Código Penal para eximir de la responsabilidad del financiamiento ilícito a los secretarios generales de los partidos políticos.

La otra propuesta diseñada por asesores de la Comisión plantea la creación del delito de financiamiento electoral no registrado, para quienes reciban financiamiento y no lo informen; para este hecho se propone una sanción de seis meses a cuatro años de prisión y multa de Q20 mil a Q400 mil. El financiamiento anónimo sería cometido por quienes realicen el aporte y la sanción sería igual a la del financiamiento no registrado.

La tercera reforma fue promovida por el diputado Enrique Álvarez, quien indicó que quienes aporten o reciban financiamiento anónimo deberán ser sancionados con prisión de tres a cinco años, además de inhabilitación para ser proveedor del Estado. La sanción sería incrementada cuando el delito sea cometido por quien ejerza cargo público.

Proporcionalidad

 

>El diputado Óscar Argueta indicó que los cambios que se discuten obedecen a una conminatoria de la Corte de Constitucionalidad para que se legisle apegado al principio de proporcionalidad. Agregó que no se puede comparar el financiamiento que se podría recibir del crimen organizado, con aportes de fuente lícita.

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