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Nacionales

Preocupa a EE. UU. financiamiento electoral ilícito en Guatemala


El apoyo anunciado por el Gobierno norteamericano al TSE es visto por analistas políticos como una reacción a la debilidad del sistema electoral guatemalteco.

 

El acuerdo entre USAID y los magistrados tiene como objetivo acompañar la implementación de las reformas electorales referentes a fiscalización de partidos y campañas anticipadas.

 

“Se debe eliminar de una vez por todas el financiamiento ilícito que tanto daño le causa a Guatemala”, dijo ayer el embajador de Estados Unidos acreditado en este país, Luis Arreaga, durante la suscripción de un acuerdo para que el Gobierno de Estados Unidos guíe al Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la implementación de las reformas electorales aprobadas en 2016; entre las cuales resaltan dos nuevas unidades para fiscalizar las finanzas de los partidos y repartir espacios equitativos de propaganda, cuya conformación se encuentra atrasada de acuerdo con la planificación del Tribunal.

Al ser consultado sobre el retraso en la implementación de los cambios a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, el diplomático mencionó que el apoyo técnico que obtendrá el TSE a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) no obedece a ningún tipo de preocupación. “Nuestro deseo es que el apoyo brindado por nuestra agencia y nuestros socios del consorcio resulte en procesos electorales transparentes e incluyentes”, indicó Arreaga en su discurso.

No obstante, la presidenta del órgano electoral, María Eugenia Mijangos, sostuvo que la cooperación que recibirán de parte de USAID por medio del Proyecto de Gobernabilidad y Reforma Electoral, consistirá en fortalecer las dos unidades, implementar el voto en el extranjero, además de apoyar procesos de formación cívica y participación democrática; todos estos aspectos han sido calificados por el mismo TSE como los más importantes de las reformas electorales aprobadas hace dos años.

“En el contexto de la lucha contra la corrupción e impunidad, es imposible ignorar el papel del TSE en promover una cultura de transparencia al fiscalizar el financiamiento electoral”, subrayó el Embajador en otra parte de su intervención, antes de referirse a la importancia de eliminar el financiamiento electoral ilícito en el país.

Evitar la crisis

Para el doctor en sociología política, Manuel Villacorta, el apoyo anunciado por el Gobierno de EE. UU. busca garantizar solidez electoral y evitar una crisis como la generada el año pasado en Honduras donde el sistema utilizado en los pasados comicios fue denunciado por supuestas alteraciones, “el apoyo de EE. UU. a las elecciones en Guatemala ha sido recurrente, pero esta vez lleva un interés muy peculiar porque se ve a un TSE aún con debilidades”, agregó.

Pero el interés por lo que está haciendo el órgano electoral con miras a las próximas elecciones generales –que deberán ser convocadas en la segunda o tercera semana de enero 2019– no es exclusivo del Gobierno de EE. UU., pues el pasado 13 de marzo un grupo de organizaciones que cooperan con el TSE conocieron de qué forma el Tribunal implementa las dos unidades especializadas de Control de las Finanzas, y de Medios y de Estudios de Opinión.

El grupo de cooperantes está conformado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), los institutos Nacional Democrático (NDI) y Holandés para la Democracia Multipartidaria; además de las fundaciones Konrad Adenauer e Internacional para Sistemas Electorales (IFES).

El analista Ricardo Barreno, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), considera que uno de los principales problemas del TSE es que las unidades especializadas “están casi muertas” porque aún no se han podido operativizar. Ambas dependencias tendrán como objeto fiscalizar a profundidad el financiamiento de los partidos, penalizar la campaña anticipada y diseñar un sistema para la distribución equitativa de la propaganda en los medios de comunicación, la cual será costeada con fondos estatales.

Aportes anónimos

 

En los próximos días, los magistrados del TSE enviarán una opinión a la comisión encargada de reformar el delito de financiamiento electoral ilícito en el Congreso, en la que expondrán la necesidad de establecer una pena contra quienes sean hallados culpables de dar o recibir contribuciones anónimas, porque el Artículo 407 “n” del Código Penal no lo especifica. La presidenta del Tribunal, María Eugenia Mijangos, consideró que la sanción para el financiamiento anónimo debe ser menor a cuatro años de prisión “en observancia a los principios de razonabilidad y proporcionalidad”.

“En el contexto de la lucha contra la corrupción e impunidad, es imposible ignorar el papel del TSE en promover una cultura de transparencia al fiscalizar el financiamiento electoral”.

Luis Arreaga,  embajador de Estados Unidos en Guatemala.

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