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Nacionales

La SAT y los créditos fiscales


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La SAT fue un proyecto concebido e impulsado por José Alejandro Arévalo a finales de la década de los noventa. La  pretensión e intenciones de José Alejandro eran que se transformara en una institución eminentemente técnica, transparente, alejada de los vaivenes de la política partidista, de los abusos y excesos de poder y de la corrupción. Lamentablemente, esto no es lo que ha sucedido. Basta recordar los días tenebrosos de Abadío al frente de la SAT: los abusos y excesos de poder eran la constante y la corrupción y la arbitrariedad exponencial.

El caso de los créditos fiscales ha sido un ejemplo ilustrativo. Es importante señalar que dichos créditos fiscales son recursos que pertenecen a las empresas exportadoras y representan parte importante de su capital de trabajo. Según la ley, los créditos fiscales deben ser devueltos en un plazo de 60 días, sin embargo la dramática realidad dice otra cosa: para recuperar este dinero, la SAT, infringiendo la ley, en promedio, se toma más de tres años.

Esta realidad es crítica para las empresas, fundamentalmente para las que experimentan estrechez de efectivo y precariedad financiera, que son presa fácil de extorsiones y sobornos de estructuras y redes criminales de funcionarios de la SAT y sus cómplices externos.

Para muchas empresas el crédito fiscal se convierte en un costo adicional del 12 por ciento del precio de venta y su margen se reduce y erosiona en este mismo porcentaje. Solo alguien que tiene que enfrentar planillas, pagos a proveedores, amortizaciones a bancos y otorgar crédito a clientes, mantener inventarios, puede entender la enorme dimensión y gran impacto que puede llegar a tener la retención abusiva, arbitraria y discrecional del 12 por ciento de las ventas en la estructura de costos de una empresa.

Causa perplejidad que empresas que han traído productos del extranjero para someterlos a supuestos procesos de maquila, los han dejado de contrabando en el país, luego han realizado exportaciones ficticias y la SAT, en estos casos, con eficacia y prontitud les han pagado sus créditos fiscales absurdos.

Es urgente y esencial que la SAT establezca procedimientos transparentes, eficaces, que cumplan con los plazos que determina la ley y que estén alejados de la discrecionalidad y arbitrariedad de funcionarios que no entienden ni les importan las necesidades financieras de las empresas en marcha.

Asimismo, bien haría la SAT en enfocarse en las aduanas de puertos y aeropuertos en los que el contrabando que dirigen estructuras criminales y mafiosas, se traduce en una defraudación tributaria de Q11.5 millardos, equivalentes al 3.8 por ciento del PIB.

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