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Nacionales

Los penalistas tendrán más puntos en la selección para Fiscal General y Jefe del MP


La Comisión de Postulación aprobó la tabla de gradación que pondera los aspectos académicos, profesionales y de proyección humana.

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Tener un doctorado en Derecho Penal, ejercer la docencia superior en esa carrera y haber desempeñado cargos públicos en instituciones del sector justicia en materia penal, en conjunto, sumarán 44 puntos, de cien, para los aspirantes a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público. Así quedó definido en la tabla de gradación aprobada ayer por la Comisión de Postulación.

La tabla se divide en tres áreas: formación académica, que será evaluada sobre un máximo de 30 puntos; la experiencia profesional, con 65 puntos; y, los cinco restantes para la proyección humana.

Cada una de las tres áreas se divide en diferentes aspectos a calificar, pero sobresale la puntuación que se otorga a los méritos relacionados con las ciencias penales.

Por ejemplo, quienes posean un Doctorado en Derecho Penal o afines, sumarán diez puntos, un punto más que si poseen un Doctorado en otra rama del Derecho.

Además, quienes acrediten cinco o más años de docencia en doctorado en Derecho Penal, tendrán nueve puntos.

La brecha más pronunciada a favor de los penalistas se observa en el apartado de la experiencia profesional. Haber desempeñado cargos públicos en instituciones relacionadas con el sistema de justicia en materia penal, o acreditar el ejercicio de la profesión liberal de forma habitual, en ese campo, se puntuará con 25 puntos.

El ejercicio –público o privado– en el ámbito de los Derechos Humanos y/o Constitucional, sumará ocho puntos.

La tabla de gradación es el instrumento que le permite a la Comisión ponderar numéricamente los aspectos contemplados en el perfil idóneo para el cargo, definido por el ente postulador con base en la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Constitución.

En el apartado de experiencia profesional, se incluye la entrevista, a la que se le asignó un valor de diez puntos y otros cinco para la prueba psicométrica.

Al respecto del test psicométrico, el comisionado Luis Ruiz propuso durante la sesión de ayer, que se busque a una entidad de reconocido prestigio para que la practique.

En sesiones anteriores, la Comisión dispuso solicitar el apoyo de la Universidad del Valle de Guatemala –que no tiene delegado en el órgano de selección– para ejecutar la prueba. Además, el decano de la Universidad Panamericana, Enrique Sánchez, ofreció los servicios de dicha casa de estudios para aplicar la prueba, de forma gratuita.

La tabla de gradación se formuló con base en las propuestas de años anteriores, como la que presentó el Movimiento Pro Justicia, de acuerdo con el presidente de la Comisión, Antonio Pineda.

 

Al cuestionar a Pineda si las notas alcanzadas por los aspirantes serán vinculantes, manifestó: “Me imagino que lo que tenemos que hacer es establecer un promedio, para ver qué personas, para ver cuál va a ser el mínimo para que puedan optar”.

Sobre la honorabilidad

Al final de la sesión, el abogado Andy Javalois –en representación de Alianza por las Reformas– expresó el interés porque se consideren aspectos éticos de los aspirantes, aunque no necesariamente hayan derivado en una sentencia condenatoria. Javalois pidió a la Comisión reconsiderar y tener en cuenta los fallos de la Corte de Constitucionalidad, para valorar los cuestionamientos de la sociedad civil.

“Nosotros eso ya lo aprobamos”, señaló el presidente de la postuladora. “Si bien no tiene una ponderación, nosotros tenemos que valorar todos esos aspectos”, añadió Pineda.

Datos puntuales

>El lunes 5 de febrero se publicará la convocatoria a participar en el proceso de elección de Fiscal General.

>La decana Jary Méndez, de la Universidad del Istmo, llamó la atención varias veces porque la tabla de gradación debía responder a las características descritas en el perfil para el cargo.

>La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ofreció acompañamiento y proporcionó un documento sobre los principales estándares internacionales en materia de derechos humanos aplicables a la elección y nombramiento de Fiscal General.

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