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Nacionales

MP y CICIG: red agilizaba de forma irregular devolución de crédito fiscal


Empresarios, funcionarios de la SAT y personas externas como el legislador Felipe Alejos, el excandidato a la vicepresidencia de la UNE Mario Leal y el juez Adrián Rodríguez, formaban parte de una supuesta estructura que buscaba agilizar la devolución del crédito fiscal a cambio de comisiones.

La Fiscal General y el Jefe de la CICIG explicaron que este caso se deriva de la investigación de la estructura del Caso La Línea.

 

Una estructura de tráfico de influencias que agilizaba la devolución del crédito fiscal a cambio de comisiones, de la cual formaron parte los ex superintendentes de Administración Tributaria, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Rudy Villeda; y del Partido Patriota (PP) Carlos Muñoz y Omar Franco, fue revelada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP).

El grupo era operado por Geovanni Marroquín Navas, un extrabajador de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), quien servía de enlace entre la estructura interna de la institución y los empresarios que buscaban la devolución del crédito.

La estructura, según reveló el comisionado Iván Velázquez y la fiscal general Thelma Aldana, logró interceder por al menos nueve empresas mediante los intermediarios Mario Leal Castillo, excandidato a la vicepresidencia de la UNE; Felipe Alejos, diputado del partido Todos y actual primer vicepresidente del Congreso, así como Alfredo Muñoz Ledo, un empresario mexicano vinculado a la empresa Tres Puertos, señalada en el caso Aceros de Guatemala.

Los intermediarios a cambio de realizar las gestiones recibían una comisión de acuerdo a la cantidad de crédito fiscal que recibían las empresas para las que trabajaban.

La estructura, según las investigaciones, agilizó la devolución de por lo menos Q283 millones, de lo cual recibían un porcentaje de oscilaba entre el diez y el 12 por ciento del monto total pagado por la SAT.

Los captadores de clientes

Mario Leal Castillo, secretario de Asuntos Específicos de Otto Pérez Molina, quien tiene orden de captura, pero no fue detenido en los allanamientos debido a que salió del país desde 2016, fue quien mayor cantidad de “clientes” captó y recibió las mayores comisiones, según lo revelado por las autoridades.

Entre las empresas a las que Leal gestionó la agilización de los pagos se encuentra Maya Quetzal, vinculada a Inngmar Iten y de la cual habría recibido una coima de Q86 mil 658. Reforestadora de Palma del Petén en donde obtuvo una comisión de Q908 mil 302.14, según las investigaciones. Otro de los clientes de Leal fueron las empresas familiares Ingenio Magdalena, Productos y Servicios Azucareros.

Alfredo Muñoz Ledo tuvo como clientes a Aceros de Guatemala y a Industria de Tubos y Perfiles S.A.

Por su parte, Alejos habría tramitado la devolución del crédito fiscal a la empresa Ingenio Palo Gordo, pero debido a que no se puede investigar por el antejuicio del que goza, las autoridades no han podido determinar el porcentaje de comisión que este pudo recibir.

La CICIG y el MP señalaron que cuentan con indicios documentales, así como interceptaciones telefónicas.

 

Los antejuicios

En total son 27 personas involucradas, de las cuales ocho fueron capturadas ayer y otras ya guardan prisión. Hay diez prófugos, entre ellos Leal Castillo.

Ayer, también se presentaron dos antejuicios, uno en contra de Alejos y otra contra Adrían Rolando Rodríguez Arana, juez séptimo de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el primero por cohecho activo y el segundo por prevaricato y denegación de la justicia.

En el caso de Rodríguez Arana, según las autoridades, “existen elementos fundados de los que se infiere que a sabiendas y con toda determinación, emitió una resolución contraria a la ley y además fundada en hechos falsos buscando excluir de la persecución penal a la entidad Aceros de Guatemala”.

Posturas gremiales y politicas

La Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua) manifestó por medio de un comunicado que no tienen injerencia sobre las decisiones y operaciones de cada uno de sus asociados.

“Estamos convencidos que cada empresa debe operar con estricto apego a la ley. Lamentamos la situación que enfrenta uno de nuestros agremiados, esperamos que el caso sea dilucidado siguiendo el debido proceso en los tribunales correspondientes, respetando el Estado de Derecho y la presunción de inocencia”, señaló Asazgua.

Mientras la Cámara del Agro señaló que son respetuosos del Estado de Derecho y condenaron cualquier acto de corrupción o hechos cometidos al margen de la ley,

“La responsabilidad penal es individual, por lo que esperamos que en el marco del debido proceso y respeto a las garantías constitucionales, quienes han sido presuntamente señalados aclaren su situación legal ante las autoridades correspondientes”, señaló la Cámara del Agro.

La UNE emitió un comunicado sobre la situación de Leal Castillo, excompañero de fórmula de Sandra Torres. En el mismo indicó qué: “los hechos en los que se involucra a Leal se relacionan exclusivamente con su actividad privada. En ningún momento se trata de aspectos políticos, ni partidarios”.

 

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