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Nacionales

La PGN pedirá resarcir al Estado


Tras agotar la vía administrativa, el Estado buscará la nulidad del contrato modificatorio el cual fue firmado de forma anómala. Por el momento la empresa ya se comprometió a pagar US$35.9 millones.

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 La procuradora general de la Nación (PGN), Anabella Morfín, informó anoche en conferencia de prensa que en virtud de haberse agotado todo el procedimiento administrativo sin lograr la liquidación del Contrato 53 por medio del cual se realizaría la construcción de la Ruta CA-2 Occidente, esa institución procederá a presentar la demanda respectiva en cuanto a la parte civil.

La representante del Estado indicó que aparte de los US$35.9 millones que la constructora Odebrecht devolverá en concepto del monto de coimas y de materiales como hierro adquirido para la construcción de puentes, también se buscará un resarcimiento a favor del Estado por el incumplimiento de dicho contrato, esto ante un tribunal de lo Contencioso Administrativo.

“El incumplimiento del contrato conlleva una serie de responsabilidades para la empresa. Si hubiese algún ilícito dentro de la celebración del contrato, eso se verá en el tribunal. Se deducirán las responsabilidades penales contra los funcionarios que participaron en la celebración del contrato modificatorio ya que fue suscrito por una persona que no ostentaba la representación del Estado”, subrayó Morfín.

Dicho contrato modificatorio fue suscrito el 22 de noviembre de 2013 por el entonces Director General de Caminos, Jorge Rogelio Gálvez Cruz y en representación de la constructora Odebrecht participó Carlos Eduardo Marques Rossa.

“De esa cuenta un director de Caminos no puede ostentar la representación del Estado y eso hace que ese contrato modificatorio sea nulo, ya que hubo una suplantación legal y eso genera un ilícito porque no tenía facultades”, apuntó Morfín.

Devolverá US$35.9 millones

Mientras este proceso  anunciado por la Procuradora empieza su curso, ya existe otro proceso adelantado, al que la empresa llama un acuerdo de colaboración eficaz ratificado con el Ministerio Público.

El  MP y la CICIG indicaron ayer que llegaron a  tres acuerdos de colaboración y reparación, dos de estos fueron suscritos con dos personas de origen brasileño (por Q500 mil cada uno) y el tercero con Odebrecht. En este último la constructora se comprometió a pagar al Estado de Guatemala una reparación de $17.9 millones, equivalente a los sobornos que pagó la empresa brasileña a políticos guatemaltecos a cambio de que se autorizara el proyecto de ampliación de la carretera CA-2 Occidente que conduce de Suchitepéquez a la frontera con México, en San Marcos.

Además de eso, Odebrecht devolverá otros US$18 millones a la Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones, correspondientes a los materiales que fueron adquiridos, pero no utilizados para la construcción de la obra.

La fiscal general Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez explicaron ayer que, en dicho acuerdo se estableció que si derivado de la finalización del contrato 053-2012-DGC-C quedan saldos a favor de Odebrecht superiores al monto equivalente a las coimas pagadas, la constructora renunciará al cobro de dicha cifra. Odebrecht, además, renunció a iniciar arbitrajes o demandas en contra del Estado relacionadas al pago de daños y perjuicios.

Liberación de tramos

 La PGN informó que como consecuencia del convenio de colaboración eficaz celebrado entre el Ministerio Público (MP), CICIG, PGN y los personeros de Odebrecht, “hay una liberación del tramo. Esto nos permite iniciar la convocatoria para una licitación y realizar la obra en los términos que corresponda, es algo que atañe al Ministerio de Comunicaciones”, apuntó Morfín.

“En los términos de confianza, definitivamente, no hay condiciones para encomendar la conclusión de la obra”, indicó la abogada del Estado.

Colaboradores brasileños

El MP y la CICIG informaron ayer que los otros dos acuerdos de colaboración se lograron con dos personas brasileñas que participaron en la comisión de hechos delictivos en Gua-temala. A los dos colaboradores se les aplicó un criterio de oportunidad en este país, porque se encuentran procesados en Brasil por los mismos hechos y no se les puede aplicar “doble incriminación”, indicó el comisionado Iván Velásquez. Parte de los acuerdos esta-blecen no revelar el nombre de los colaboradores individuales, explicó la fiscal Thelma Aldana. Ambos deberán pagar una multa de Q500 mil.

 

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