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Nacionales

Odebrecht, la novena empresa que pagó sobornos del CIV


Sinibaldi recibió Us$11.6 millones de los US17.9 millones en sobornos que pagó la constructora.

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Dos exejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht develaron a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) cómo se pactó y pagó sobornos por US$17.9 millones a tres políticos y funcionarios guatemaltecos, a cambio de la adjudicación del contrato para la construcción de la ruta CA2 que va de Cocales, en Suchitepéquez, a Tecún Umán, San Marcos.

Odebrecht se convirtió en la novena de las empresas que reconoció pagos a la estructura de sobornos instalada en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) –caso conocido como Construcción y Corrupción y que involucra a ocho constructoras– según dieron a conocer la fiscal general Thelma Aldana y  el jefe de la CICIG, Iván Velásquez, en conferencia de prensa.

Los receptores de los sobornos fueron, según el Ministerio Público y la CICIG, mediante el rastreo del dinero, el exministro Alejandro Sinibaldi Aparicio; el exsecretario privado de la Vicepresidencia Arturo Batres Gil; y el excandidato presidencial del partido Libertad Democrática Renovada (Lider) Manuel Antonio Baldizón Méndez.

La gestión de los sobornos se inició en diciembre de 2011 cuando Sinibaldi aún no era designado como Ministro de Comunicaciones del Partido Patriota. Entonces, pactó coimas equivalentes al 7.5 por ciento del valor del contrato (U$S399.8 millones) adjudicado a Odebrecht, detalló Aldana.

Durante las negociaciones, uno de los dos colaboradores eficaces reveló que se reunió con la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien le presentó a su secretario Arturo Batres. Posteriormente, este le indicó que en adelante se reuniría solo con ella. El colaborador indicó que en algunas reuniones también estuvieron Miguel Cabrera, exdirector de Caminos, y el viceministro Rubén Mejía.

La constructora desembolsaba los sobornos para Sinibaldi mediante sus off shore al Meinl Bank en Antigua y Barbuda, en cuentas a nombre de Juan Jegerlehner. Los depósitos llegaban cada vez que la institución que financió la carretera –Banco Centroamericano de Integración Económica– le desembolsaba pagos a Odebrecht. Para que el banco le pagara, el CIV debía enviar informes de supervisión.Sinibaldi comunicó al Ministerio de Finanzas que él mismo y el viceministro Rubén Mejía serían los encargados de autorizar los desembolsos para Odebrecht.

 

El futuro presidente

En 2013, Sinibaldi y Batres fueron los beneficiarios de los sobornos. En febrero de ese año, Sinibaldi organizó una reunión en su casa con uno de los directivos de Odebrecht, a la que invitó a Manuel Baldizón, que ya preparaba su campaña para las elecciones de 2015, tras perder la elección presidencial de 2011, explicó Velásquez.

“En la reunión, Sinibaldi le indicó al directivo de Odebrecht que debía depositar a Baldizón US$3 millones, provenientes de los sobornos pactados”, detalló el jefe de la CICIG.

Los desembolsos también se efectuaron mediante el Meinl Bank, en una cuenta a nombre del abogado de Baldizón, Diego Chacón Yurrita.

En junio de 2014, Baldizón pidió que se le depositaran US$100 mil a una cuenta en Panamá a nombre de Rentamos, Ltd. Y otra transferencia por US$114 mil a una cuenta en China a nombre de Jiangsu Dengda Automobile Co. Ltd.

Velásquez explicó que “Baldizón le indicó al delegado de Odebrecht en Guatemala que estaba en campaña presidencial, que sería el próximo presidente y que las empresas que le estaban ayudando, debían apoyar también a la campaña”.

En total,  se documentó que Baldizón recibió de Odebrecht Us$1 millón 360 mil de los Us$3 millones de coimas pactadas.

El último de los depósitos a Baldizón fue el 24 de abril de 2015, días después del destape del caso La Línea.

 

Segunda fase

Si existió o no pago de sobornos a diputados del Congreso a cambio de la aprobación del préstamo para financiar el contrato con Odebrecht, la fiscal general Thelma Aldana indicó que no se descarta, y que la investigación continúa.

Una fuente cercana al caso indicó que posiblemente el dinero que recibió Arturo Batres, prófugo, era para distribuirlo, en efectivo, a los congresistas.

9

personas se sumaron a la causa Construcción y Corrupción, por delitos de lavado de dinero, cohecho pasivo y asociación ilícita.

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