Manuel Baldizón –dos veces candidato a la presidencia de la República por el ya cancelado partido Lider– es una de las nueve personas a quienes el MP y la CICIG señalan como actores de la trama local de sobornos que la constructora brasileña Odebrecht repartió en Latinoamérica.

El político originario de Petén fue detenido en Miami el sábado por autoridades migratorias, ya que carecía de visa para ingresar en Estados Unidos, país al que solicitó asilo político. En un comunicado de prensa conjunto, el MP y la CICIG informaron que sobre Baldizón pesa una orden de captura por asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero.

Según la confesión de exejecutivos de Odebrecht ante la justicia estadounidense, la compañía había pagado no menos de US$18 millones a funcionarios y políticos guatemaltecos para adjudicarse un contrato por US$399.4 millones para ampliar la carretera CA-9.

Baldizón habría recibido, mediante testaferros, millones de dólares en cuentas bancarias en el exterior, según las investigaciones preliminares del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Los fondos se habrían girado pese a que la bancada Libertad Democrática Renovada no votó a favor del préstamo y el contrato con la constructora brasileña.

El sábado por la tarde, la Policía detuvo a dos personas vinculadas con Baldizón. Se trata de Jorge Eduardo Antillón Klussmann, que se desempeñó como representante legal de una empresa relacionada con Baldizón y Diego Chacón Yurrita, que en declaraciones a la prensa aceptó haber fundado varias sociedades para el excandidato de Lider.

Ambos comparecieron ayer ante el Juzgado de Turno para escuchar los motivos de su captura y fueron trasladados a la cárcel militar Mariscal Zavala, a la espera de la audiencia de primera declaración.

Batres el prófugo

Durante las diligencias del sábado, también se procuraba la aprehensión de Arturo Batres, exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, que habría recibido parte de las coimas en una cuenta de un banco en Panamá.

Una ruta inconclusa luego de siete años, es lo que quedó de la aprobación del préstamo y adjudicación del contrato con Odebrecht a cambio de sobornos.

Batres fue declarado prófugo, después de que fue buscado en viviendas y fincas en Quiché, un lujoso apartamento en la zona 15, así como la sede central de las Farmacias Batres en la capital.

Suman causas penales

El exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, también recibió parte de los sobornos a través de testaferros, según las investigaciones preliminares del MP y la CICIG. Juan Ignacio Florido y Juan Arturo Jegerlehner Morales, procesados en el caso Construcción y Corrupción por su rol de testaferros también habrían manejado fondos de Odebrecht para Sinibaldi. Ambos serán citados para comparecer en esta nueva causa penal a cargo del Juzgado D de Mayor Riesgo.

Sinibaldi es prófugo desde 2016, cuando el MP y la CICIG lo vincularon con el caso La Cooperacha, que documenta la entrega de regalos suntuosos para los cumpleaños del entonces presidente Otto Pérez Molina.

El año pasado la CICIG y el MP lo vincularon al caso Construcción y Corrupción que determinó que los constructores pagaban millonarias sumas a cambio de recibir los pagos pendientes por parte del Estado. En este, varios de los constructores han solicitado un procedimiento abreviado y han reconocido como verdad las pesquisas llevadas a cabo por los entes investigadores.

La ruta del dinero

Según las declaraciones de los representantes de Odebrecht en Estados Unidos, en Guatemala se repartieron US$18 millones a “políticos y altos funcionarios”. Baldizón (político), Sinibaldi y Batres (exfuncionarios) encajan en una de las pocas referencias de los sobornos entregados a Guatemala por Odebrecht.

La ruta del dinero que hasta el momento conocen las autoridades es la que involucra a los tres principales señalados, quienes habrían recibido el total de los US$18 millones. A partir de ahora, las pesquisas se centrarán en un segundo nivel de distribución de los fondos.

US$18

Millones  en coimas fueron repartidos entre políticos y funcionarios.