Los jueces Jaime González y Juan Aceituno, del Tribunal Décimo Tercero de Sentencia, sostuvieron hoy su decisión de otorgar medidas sustitutivas a la ex-Registradora General de la Propiedad (RGP), Anabella de León, a Samantha Mejía y Edwin Ariel García, encausados penalmente por denuncias de corrupción en el gobierno patriota junto a 21 personas más.

La resolución se dictó pese a que la presidenta del órgano jurisdiccional Edna Beatriz Maxia votó en contra de favorecerlos en el expediente titulado por el Ministerio Público (MP) y la CICIG como Botín Registro de la Propiedad. De León lloró hoy al escuchar el fallo, agradeció a “Jehová mi Dios” y aunque dijo que no cuenta con esa cantidad de dinero, intentará reunirlo para hacer efectivo el arresto domiciliario.

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En la audiencia de ayer la fiscalía reprodujo fragmentos de audio donde se escuchó a la exregistradora decirle a uno de los testigos de la fiscalía que “cuidara sus palabras”, mientras que al excontador del RGP, Gustavo Minera Saravia, le increpó que recordara quién era ella y que se “atuviera a las consecuencias”.

No obstante esas reproducciones, el Tribunal resolvió que para ser beneficiadas con las medidas sustitutivas De León y Mejía deben pagar caución económica de Q300 mil cada una, y García Q100 mil. Según la investigación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), ellos facilitaron el pago de salarios a 16 plazas “fantasma” y la adjudicación de tres eventos para facilitar el desvío de fondos de la institución.

La ratificación se dicta después de que el MP presentara varios recursos legales oponiéndose a la resolución dictada el 19 de diciembre del año pasado que beneficia a los sindicados, ya que persiste el peligro de obstaculización a la investigación. En esa ocasión le fue negada la solicitud de cambio de medida sustitutiva a otro enjuiciado, Otto Flores.

En el razonamiento de su voto este miércoles la jueza Maxia indicó considerar que todavía existe el peligro de que Mejía y De León interfieran la investigación.

Familiares del presidente

El fallo se dio en el debate oral y público que se lleva a cabo también contra Samuel y José Manuel morales, hermano e hijo del presidente Jimmy Morales, respectivamente, y otras 23 personas involucradas en el expediente que incluye la alteración de concursos de licitación, simulación de eventos y adjudicación de plazas “fantasma”.