En agosto del año pasado fue la última vez que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso discutió las enmiendas a la iniciativa que dispone aprobar la Ley Orgánica del Servicio Diplomático de Guatemala. En ese momento la sala se percató que existían más de cien cambios a la propuesta original que está aprobada ya en su tercera lectura.

Pese a que el documento comenzó a debatirse en 2012, fue el excanciller Carlos Raúl Morales quien entregó a la sala de trabajo en mayo de 2017 un nuevo proyecto. Uno de los puntos  polémicos fue el tema del perfil de quienes ocuparán los cargos diplomáticos y consulares, para “evitar que los mismos personajes aparezcan en la escena de la política exterior” se lee en el acta 12 de la sala de trabajo. La Comisión dictaminó que cualquier profesional podría ser apto para un cargo diplomático.

Otro de los cambios aprobados, aunque no por mayoría, es que el Presidente de la República tendrá derecho a colocar el 25 por ciento de embajadores y cónsules en el extranjero, el resto estará en manos de los profesionales diplomáticos registrados en Cancillería. “Actualmente pueden nombrar a quien les da la gana” refirió la presidenta de la sala de trabajo del Congreso, Eva Nicolle Monte.

Tras ganar las elecciones, uno de los primeros favores que pidió el mandatario Jimmy Morales, al entonces Canciller fue que nombrara a su promotor artístico, Claus Marvin Mérida, como embajador ad honórem. Mérida, quien se identificaba en el extranjero como diplomático solicitó en abril del año pasado al senador estadounidense Mike Lee que investigarán la gestión del exembajador Todd Robinson.

El caso del amigo personal de Morales sirvió de antecedente para que la comisión apruebe otro cambio y que limite el uso de pasaportes diplomáticos. Tendrían derecho únicamente diputados, funcionarios de gobierno y diplomáticos de carrera, todos mientras duren en sus puestos, indicó la congresista.

Un proyecto ya engavetado

En la discusión descrita en el acta 17, Monte señala que “debe hacerse un balance, para no vedar el derecho” a los funcionarios del Servicio Diplomático que se encuentren en servicio activo con su cónyuge, hijos e hijas, así como hijastros que dependan económicamente de ellos que tendrán derecho a pasaporte diplomático. Para el diputado independiente Salvador Baldizón, a los políticos que buscan espacios como negociadores comerciales no deberían de tener limitaciones, aunque se dejó en manos de la Corte de Constitucionalidad (CC) que defina quién pueda obtenerlo.

La presidenta de la sala reafirma que muchos diplomáticos han abusado de los pasaportes diplomáticos, por lo que quienes ya no estén en servicio se les retirará. Otro de los artículos consensuados a favor es que dentro de los derechos que tienen los funcionarios y empleados del Servicio Diplomático que retornen a Guatemala quedarán exentos de impuestos en el menaje de ajuar, artículos de viaje, enseres domésticos y de uso personal, no se incluirá nada de comercio o reventa.

 El proyecto tendrá que ser  incluido en la agenda, Sergio Celis, representante de Alianza Ciudadana (AC),  indicó que antes de que la iniciativa sea parte de la agenda cada bancada debe analizarla.