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La cartera negoció el acuerdo con el representante de la empresa brasileña en México, donde fue inhabilitada. Mientras en Guatemala, la constructora reclama más de US$65 millones.
La Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) siguió al pie de la letra las peticiones de la empresa Norberto Odebrecht, para la terminación prematura del contrato, suscrito en 2012, que la obligaba a reconstruir la ruta de Suchitepéquez a San Marcos. Así se observa en la Resolución 232-2017 del pasado 6 de octubre en la que se autorizó la finalización del compromiso, pero sin afectar los desembolsos a la constructora brasileña por parte del Estado que podrían superar los US$65 millones (Q477.1 millones). Ese es el “feliz acuerdo” del que ha hecho alarde el titular del CIV, Aldo García. Sin embargo, el documento no habla sobre alguna sanción a Odebrecht, aunque los trabajos de la ruta denominada CA-2 Occidente están paralizados desde el 2 de mayo de 2016 lo cual provocó “un deterioro exagerado” de la carretera, según la misma resolución del Ministerio.
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