La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), con sede en Washington D.C., publicará antes de fi n de año el listado de personas involucradas en actos de corrupción a quienes se les aplicará la Ley Magnitsky Act, que establece bloqueo de bienes, prohibición de visas y de actividades comerciales en Estados Unidos.

En el listado, según fuentes de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), figuran guatemaltecos y entidades sospechosas de llevar a cabo actividades vinculadas a actos de corrupción.

En octubre, las máximas autoridades del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, los congresistas Eliot Engel (demócrata) y Edward Royce (republicano), enviaron una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, en donde le solicitaron que se estableciera una prohibición de visa para ciudadanos guatemaltecos con dicho perfil.

La aprobación de una reforma al Código Penal que beneficiaba a los políticos y la solicitud de declarar persona non grata al comisionado Iván Velásquez, por parte del presidente Jimmy Morales, motivaron a que los dos congresistas elaboraran tal petición, ya que fueron considerados como un retroceso en la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala.

La Ley Magnitsky aprobada en 2012 fue creada para castigar las acciones de oficiales, funcionarios y empresarios de un país con la prohibición para ingresar a los Estados Unidos, bloqueo de cuentas bancarias y otras propiedades que se encuentren dentro de la jurisdicción estadounidense. Ya la legislación fue aplicada a gobernantes rusos y venezolanos.

En la misiva de octubre pasado los congresistas expresaron su preocupación por las noticias sobre corrupción en el país, las cuales “demuestran una recaída para el país en sus esfuerzos de combatir la corrupción e impunidad”, subrayaron.

Solicitaron que de manera “urgente” se echara mano de la Ley de Responsabilidad Global Magnitsky en materia de Derechos Humanos.

Los congresistas también le indicaron a Tillerson que, los recursos destinados al Plan Alianza para la Prosperidad, no sean entregados al gobierno central hasta que se evidencien cambios y se cumpla con la lucha contra la corrupción y la impunidad, que forma parte de los requisitos para obtener la certificación del Departamento de Estado, Congreso y Senado estadounidenses.

A la fecha solo Honduras y El Salvador han sido certificados para recibir los fondos del Plan.

EN LA LISTA NEGRA DE LA OFAC

En años pasados varios guatemaltecos, sospechosos de actividades relacionadas al narcotráfico y lavado de dinero, han figurado en la lista negra, entre ellos: Marllory Dadiana Chacón Rossell, la Reina del Sur, fue incluida en la lista negra como una de las principales lavadoras de dinero del narcotráfico. En mayo de 2015 fue sentenciada por una corte federal de EE. UU.

Han figurado empresas de la familia Lorenzana, narcotraficantes. Así como Jairo Orellana y Horst Walter Overdick Mejía.

En la lista también estuvo incluido Hayron Eduardo Borrayo, uno de los principales socios de Chacón.

De la OFAC y la Ley Magnitsky

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), es una oficina del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que identifica países, terroristas y narcotraficantes sancionables de acuerdo con las leyes de esa nación del norte y que es la encargada de emitir la lista OFAC, también conocida como la lista Clinton.

La Ley Magnitsky, la cual debe su nombre en honor al abogado ruso Sergei Magnitsky, quien fue encarcelado y murió en una prisión de Moscú en 2009 tras sacar a luz un supuesto fraude fiscal perpetrado por el Gobierno ruso.

En 2012, el Gobierno estadounidense aprobó una ley para castigar a los ciudadanos rusos que estuvieron relacionados con la detención, maltrato y muerte del profesional del derecho, o a quienes hayan encubierto a los que cometieron el crimen.

La ley también sanciona a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra quienes se empeñan en sacar a luz las actividades ilegales de los funcionarios.