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Nacionales

Exdiputados pasarán las fiestas navideñas fuera de la prisión


Al cierre de esta edición, la jueza Claudette Domínguez respondió a la solicitud de los detenidos.

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Los abogados de siete excongresistas y dos trabajadores, sindicados en el caso Plazas Fantasma, le solicitaron ayer a la jueza primero A de Mayor Riesgo, Claudette Domínguez, que los beneficiara con una medida de arresto domiciliario, para que pasen las fiestas de fin de año en su casa y no en las prisiones de Mariscal Zavala, Matamoros y en el Preventivo de la zona 18, en donde actualmente están recluidos.

En la diligencia únicamente se presentó el Ministerio Público (MP), los querellantes adhesivos y los defensores, ya que los sindicados no fueron trasladados de la cárcel a tribunales por medidas de seguridad adoptadas por la Dirección General del Sistema Penitenciario (SGSP), ante las amenazas que han recibido por parte de pandilleros.

La juzgadora determinó que, según el Código Penal, ese tipo de audiencias se pueden realizar sin la presencia de los procesados, solamente representados por un abogado defensor.

Sus argumentos

La jueza Domínguez escuchó durante cuatro horas los argumentos de los defensores, quienes se quejaron de que sus clientes padecen de distintos quebrantos de salud, por lo que consideran que es necesario que guarden reposo en sus domicilios y sean atendidos por médicos particulares.

Mario Cuevas, abogado del exdiputado Alfredo Rabbé, indicó que no existe peligro de que su cliente este fuera de la prisión porque ya no ostenta ningún cargo público.

“Mi cliente no obstaculiza esta investigación en ningún sentido, al contrario ha colaborado para que se agilice y se solvente”, puntualizó.

Los exlegisladores que buscaban dejar la prisión son Alfredo Rabbé (hermano del prófugo de la justicia Luis Rabbé), junto, Juan David Alcázar, Selvin García, Carlos Herrera  y Aleksander Castillo, así como los legisladores, César Fajardo y Manuel Marcelino García Chutá, además, a Luis Mijangos, ex director legislativo y Edgar Fernández, quien laboró para el diputado Christian Boussinot.

La jueza, luego de escuchar la intervención de cada jurista, declaró que se han solicitado evaluaciones médicas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para que se establezca la condición de salud de cada uno de los sindicados.

Y recordó sobre la posibilidad que tienen los procesados de comunicarse con otras personas relacionadas al caso, debido a que ostentaron un cargo público de alta envergadura.

El juez décimo de Primera Instancia, Walter Villatoro, en junio del año pasado, ligó a proceso a esas personas por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.

Fueron capturados el 26 de mayo, sindicados de haber consentido y contratado a varias personas que no llenaban el perfil profesional, y que no se presentaron a trabajar mientras sí cobraban su salario, durante la presidencia de Luis Rabbé (2014-2015)

Los salarios que obtenía cada beneficiado oscilaban entre los Q8 mil y Q20 mil, cuya preparación académica no sobrepasaba la de un bachiller, inclusive contrataron a un panadero.

Alfredo Rabbé empleó a 21 personas en 2014, y otras 13 en 2015, sin justificación alguna. Mientras que Herrera gestionó la contratación de 20 plazas que ocuparon familiares y personas cercanas a él. Cristiani solicitó la autorización de la Junta Directiva para otras 19 personas.

Favorecidos

>Al filo de las 22:00 horas, la jueza Claudette Domínguez resolvió beneficiar con una medida de arresto domiciliario a los sindicados César Emilio Fajardo Morales, Amílcar Aleksander Castillo, Manuel Marcelino García Chutá, Juan David Alcázar, Carlos Humberto Herrera. Mientras que se las denegó, por lo que continuarán en prisión, Selvin Boanerge Mejía, Alfredo Rabbé Tejada, José Luis Mijangos y Edgar Leonel Fernández Regalado.

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