Es la ciudadanía en general, Guatemala está de rodillas ante la ola criminal y, aunque no se dedica al lucro ni maneja grandes cantidades de dinero, ahora tampoco las parroquias se libran de ser objeto de extorsiones por los grupos pandilleros, ha comentado este martes Nery Rodenas, de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA).

La Iglesia católica se dedica al mantenimiento del culto y aspectos de índole social, por lo cual resulta sumamente preocupante que algunas de ellas sea afectadas dado que es un problema que afecta a comerciantes, mercaderes, transportistas públicos y a variedad de empresas, mencionó en Emisoras Unidas, a las que se suman templos.

Rodenas precisó que por ahora no se tiene conocimiento exacto de la cantidad de  parroquias a las que se obliga al pago de “cuotas” para las maras, pero que es competencia de cada sacerdote plantear la o las denuncias ante las autoridades correspondientes para que se realicen las investigaciones que procedan