Que los logros de la CICIG “han sido espectaculares”, afirmó esta mañana el director general de la entidad humanitaria Human Rights Watch (HRW, por sus siglas en inglés), Daniel Wilkinson, al presentar el informe “Carrera contra el tiempo” acerca del funcionamiento de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala que, incluso, calificó de “modelo único en el mundo”.

Entre los asistentes al acto protocolario de este lunes estuvieron el jefe de la CICIG, Iván Velásquez Gómez, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Augusto Rodas, y el embajador estadounidense Luis E. Arreaga. El disertante elogió el hecho de que la instancia de Naciones Unidas fue una idea surgida en este país centroamericano, pero que otros han expresado interés en replicar contra la corrupción.

Al exponer los éxitos y frenos observados, el director ejecutivo de Human Rights Watch citó que los primeros han resultado espectaculares, en especial en el transcurso del 2015 –año de la caída del gobierno presidido por Otto Fernando Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías– que implicó –y todavía significa– el procesamiento judicial de numerosos funcionarios públicos de aquel entonces.

¿Por qué no han ido a juicio varios de esos casos de alto impacto?, preguntó el líder de HRW al tiempo de subrayar que ese precisamente era el objetivo de la investigación desarrollada en el país por su institución a lo largo de cinco meses en que tuvieron entrevistas con jueces, fiscales y abogados, luego de lo cual “encontramos un patrón muy preocupante”.

A su criterio se trata de una práctica de los defensores que recurren a amparos para frenar o bloquear los procesos penales, pero lo más grave es que hay juzgadores quienes permiten las demoras ante lo que, evidentemente, si no existen esfuerzos para que no continúen el curso debido, el riesgo real es que casos tan importantes nunca lleguen a un debate oral y público y menos que tengan resultado confiable.

Asimismo, Wilkinson –quien aclaró que su entidad no puede ni debe ser ubicada en la izquierda ni la derecha– hizo ver que algunos jueces y magistrados no resuelven apelaciones planteadas ni notifican a las partes dentro de los plazos de ley, lo cual complica la situación si se toma en cuenta el peligro de que procesos abiertos por corrupción administrativa nunca lleguen a juicio.

Otro de los aspectos enfocados en el reporte de “Carrera contra el tiempo” fue el hecho de que de alguna manera hay quienes como parte del aparato de justicia “ponen en peligro la lucha en contra de la impunidad” por cuanto se incumplen e irrespetan los plazos para resolver amparos e, incluso, hay quienes tardan hasta más de un año para hacerlo, según dijo la activista de HRW Elisa Keppler.

Esa opinión ha sido compartida por el comisionado Velásquez Gómez en el sentido de que que muchos casos se estancan por la actitud de jueces y magistrados, cuando deberían contribuir en tramitarlos con la celeridad. Debería establecerse el criterio de que todo tiempo perdido en un proceso por maniobras dilatorias debería descontarse de los términos procesales de detención preventiva, citó.

Además, dijo que no puede ser posible que si una persona ha retrasado un proceso judicial durante dos años, luego argumente que está injustamente detenido sin que haya llegado a juicio, porque el causante que no lo haya es él mismo al haber abusado de los amparos. Recordó que el mandato de la @CICIGgt establece actuaciones administrativas para un mejor desarrollo de la justicia.

El antejuicio

El exmagistrado colombiano responsable de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala también mencionó que los trámites de antejuicios han sido un obstáculo para el avance de los procesos penales y recordó que el levantamiento de la inmunidad del entonces diputado –oficialista con FCN Nación- Edgar Justino Ovalle Maldonado llevó 14 meses y que cuando por fin eso fue obtenido, él se fugó.

Hizo referencia a que algunos supuestamente pretenden activar conciencia colectiva en el sentido de de que la lucha contra la corrupción fue una “”llamarada de tusa”, una ilusión en el 2015 y que no hay nada concreto, “pero nuestros casos son contundentes” por lo cual espera que los procesos avancen y reciban las sentencias que en justicia correspondan.

“Pretenden reducir la confianza de nuestro trabajo, pero los casos que presentamos probatoriamente sí son fuertes y contundentes, por lo que asumimos esa responsabilidad con la fiscal general” –Thelma Esperanza Aldana Hernández–, acotó el jefe de la CICIG en su intervención durante la presentación del informe “Carrera contra el tiempo” por parte de la organización Human Rights Watch este lunes.