La mañana del miércoles 8 de marzo y horas después de un amotinamiento nocturno, estalló el incendio en ese albergue temporal de Bienestar Social situado en San José Pinula, que tiene en la cárcel a exfuncionarios, exempleados públicos e integrantes de la PNC. Varias de las víctimas murieron en hospitales de EE. UU.

Hoy se cumplen exactos ocho meses desde que la mañana del miércoles 8 de marzo se convirtió en el auténtico infierno para las y los internos en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de San José Pinula, al estallar un incendio que finalmente con el paso de los siguientes días terminó cobrando la vida de 41 niñas y adolescentes.

Por la tragedia se capturó a los entonces secretario y subsecretaria de Bienestar Social (SBS) Carlos Antonio Rodas Mejía y Anahí Keller Zabala, al director del centro Santos Torres Ramírez, Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez en la PDH; y Harold Augusto Flores Valenzuela, procurador de la Niñez y Adolescencia en la PGN.

También a Brenda Julisa Chamán Pacay, jefa del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato en Todas sus Formas  en la Procuraduría General de la Nación (PGN), Armando Pérez Borja, subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC) y Lucinda Eva María Marroquín Carrillo, subinspectora de esta institución de seguridad.

Rocío Álbany Murillo Martínez, jueza de Paz de San José Pinula, perdió la inmunidad por lo cual la Fiscalía Contra el Delito de Femicidio la investiga en relación al incendio ocurrido ese miércoles. Se le señala falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia por no haber practicado ahí el martes 7 una exhibición personal.

Esa acción había sido solicitada para los menores de edad recluidos en el hogar temporal debido a un motín y fuga masiva estallados esa noche del 7, pero Murillo en explicaciones posteriores dadas a la Junta de Disciplina Judicial (JDJ) argumentó que halló una situación peligrosa que le impidió ingresar a realizarla.

En resumen

–       La Supervisión General de Tribunales (SGT) afirmó que la juzgadora Murillo Martínez cometió faltas administrativas, porque debido al amotinamiento en el refugio la Procuraduría de los Derechos Humanos pidió la presencia judicial en el inmueble para establecer la situación de las personas confinadas.

–       Luego ella admitió en su declaración ante la JDJ que al acudir al Hogar Seguro la noche del martes 7 encontró una situación fuera de control, y en la cual tanto su integridad física como la del único oficial de turno corrían peligro si decidía efectuar la diligencia requerida (por la PDH).

–       Dijo entonces que como no existían las condiciones propicias que permitieran llevarla a cabo –ya que incluso la Policía había lanzado gases lacrimógenos contra los internos que ya estaban afuera– y por lo cual no le permitían pasar, decidió retirarse y regresó a las 8:10 horas del miércoles.

–       En su testimonio explicó haber escuchado las versiones de unos 54 menores de edad –de entre 3 y 13 años, aislados del resto por lo que no sabían con exactitud qué estaba pasando–. Ese 29 de marzo la JDJ le impuso una suspensión laboral de 20 días sin goce de salario. Ahora es investigada por el Ministerio Público (MP).