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Nacionales

CACIF exhorta a magistrados constitucionales a cumplir plazos de ley para resolver


El lunes de la semana pasada vencieron los cinco días para que la CC fallara en relación a la mina San Rafael, indica empresariado al lamentar los retrasos en este caso que a la fecha representa pérdidas para el Estado por más de Q1.1 millones en impuestos y regalías.

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“No presionamos a las Cortes, sino sencillamente pedimos que se cumplan los plazos”, expresó hoy Tony Malouf, presidente del empresariado organizado en el CACIF al urgir a la CC resolver ya en torno al caso de la Minera San Rafael, por cuanto el lunes 30 de octubre vencieron los cinco días de término legal para hacerlo ya que la vista pública se celebró el 25 del mismo mes.

El 8 de septiembre pasado la Corte Suprema de Justicia (CSJ), indicó, emitió su resolución definitiva en el recurso de CALAS contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM). “La sentencia fue clara al permitir el reinicio de operaciones“ de la empresa “porque expresamente revocó el amparo que había suspendido la licencia El Escobal”, señaló el directivo de la entidad gremial.

“En dicho fallo se ordenó al MEM llevar a cabo una consulta a la población xinca del área de influencia de la mina, pero también permitió que la empresa retomara labores”, sostiene el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras”, aunque resalta que sorprendentemente aunque la sentencia de la CSJ favoreció a CALAS, fue apelada ante la CC.

Malouf apuntó en la conferencia de prensa junto al resto de directivos del CACIF que lo anterior “demuestra que tal como ha expresado la misma organización por distintos medios, su único interés es suspender definitivamente las operaciones de la mina”, postura que adolece de fundamentos legales aunque sí sigue provocando un impacto directo negativo a la economía nacional.

Al respecto, se instó a la CC para que de inmediato emita su fallo en este tema de manera jurídica responsable, coherente y con estricto apego a Derecho, en especial porque su propia resolución en el expediente Oxec determinó el antecedente vigente de que mientras no haya ley que regule al respecto, esa sentencia aplica para todos los casos del Convenio169.

El sector privado empresarial calcula que debido a las acciones legales desarrolladas en contra de la Minera San Rafael el Estado de Guatemala ha dejado de percibir más de Q1.1 millones en concepto de regalías y pago de impuestos, lo cual se suma al daño provocado a las comunidades que tradicionalmente han sido beneficiadas con inversiones de la compañía para programas de desarrollo social.

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