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Nacionales

Los nerviosos empleados y constructores de occidente


La semana pasada se capturó a constructores y funcionarios de comunas de occidente.

 

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Constructores, funcionarios y exfuncionarios de varias municipalidades del occidente del país se sienten nerviosos luego de un operativo del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), quienes solicitaron la aprehensión de 26 personas involucradas en actos de corrupción en la construcción y ejecución de proyectos municipales de Huehuetenango y Totonicapán.

Trabajadores de municipalidades de occidente, quienes pidieron omitir su nombre, aseguran estar preocupados pues, pese a que las corporaciones para las que laboran no fueron mencionadas en la conferencia de prensa, los alcaldes para los que trabajan hacían tratos con algunos de los constructores capturados o prófugos. “Mi puesto implica hacer las gestiones para que los proyectos avancen. Me pedían que hiciera trámites que legalmente no podía efectuar porque, en teoría, oficialmente no se le había adjudicado el proyecto oficialmente. A veces empezaban el papeleo antes de abrir el concurso”, cuenta uno de ellos.

Un ejemplo de esto es Héctor Castillo, propietario de la Constructora Kelly y prófugo por el caso Corrupción Municipalidades Huehuetenango-Totonicapán. Según el registro de Guatecompras, esta empresa tuvo 147 adjudicaciones con 22 municipalidades y dos asociaciones de la región. De 2004 a 2016, Constructora Kelly recibió adjudicaciones por Q137.8 millones.

Empleados de distintas municipalidades aseguran que Castillo delegaba a sus operadores para que trabajaran de la mano con el personal de la Municipalidad y los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede). La importancia de controlar estas dos entidades, aseguran, es que en la primera se adjudican los proyectos y en la segunda se firman los cheques para pagar los mismos. El constructor reparte coimas para ambos, en especial al gobernador, quien suele llevarse la mayor parte por estar al frente del Codede.

Los empleados municipales consultados aceptan que los constructores también son generosos con ellos. Por un “favor” pueden ganar entre Q300 y Q4 mil, según la importancia del trámite que aceleren y el cargo que ostenten.

Normalización de la corrupción

Edie Cux, de Acción Ciudadana, asegura que el caso se compara con un suéter al que se le suelta un hilo, se tira de él hasta que toda la pieza se descose. “No sabemos hasta dónde podrá llegar esta investigación porque muchas municipalidades actúan así… podría llegar hasta las autoridades actuales” afirma.

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASÍES), considera que la forma como actúan las constructoras se convirtió en algo “normal” producto de la falta de controles efectivos. “Todo el mundo veía enriquecimiento de los funcionarios, la mala calidad de las obras y las adjudicaciones anómalas… Se pensaba que había libertad absoluta para incurrir en estos actos”.

Ambos analistas coinciden en que la presión a las municipalidades las obligará a cambiar la manera como ejecutan las obras. Cux considera que el control más fuerte ha empezado por los mismos ciudadanos, quienes últimamente han realizado auditorías sociales. Cita como ejemplo el caso de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, en donde a raíz que el alcalde y su concejo negó información a los pobladores se inició un proceso de antejuicio en su contra. Linares agrega que las capturas del MP y CICIG ocasionó que la Contraloría General de Cuentas “despertara del letargo que la hacía cómplice de estos actos de corrupción, apañaban las sanciones con multas mínimas y los antejuicios no prosperaban.

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Personas continúan  prófugas por el caso Corrupción municipalidades Huehuetenango-Totonicapán.

“Como cualquier funcionario, los empleados municipales tienen responsabilidad sobre sus actos y no están obligados a acatar órdenes ilegales”.

Edie Cux,  Acción Ciudadana.

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