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Nacionales

Experto sugiere que se sancione a los candidatos en casos de financiamiento ilegal


Los partidos políticos ya tienen una partida para pagar las multas por ilegalidades en sus operaciones, sostiene el experto argentino Daniel Zovatto.

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Cada vez más, la tendencia en América Latina será llevar a los candidatos como sujetos principales de responsabilidad y contemplar la posibilidad de anular elecciones; sin eso, será en vano todo lo que se haga para impedir los aportes privados ilícitos a los partidos políticos, dijo ayer Daniel Zovatto, experto argentino que fue uno de los tres invitados al panel “El financiamiento privado de la política en Guatemala y sus efectos en la democracia”, convocado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y en el que también disertó la presidenta del TSE, María Eugenia Mijangos y el comisionado Iván Velásquez.

Zovatto, al igual que Velásquez, coinciden en que se debe evidenciar los casos de aportes ilícitos o ilegales a los partidos políticos, pero que deben tener consecuencias.

Las multas, sostiene Zovatto, son un costo incorporado en las finanzas de las organizaciones partidarias, por lo que no suponen un disuasivo, como sí lo es adjudicar la responsabilidad penal a los secretarios, candidatos y jefes de campaña. “No puede ser solo un contador”, el sancionado, añadió el experto.

El invitado también se refirió a la necesidad de sancionar a las dos partes que intervienen en el financiamiento. “No tiene sentido demonizar el dinero privado, pero sí establecer un marco regulatorio para que no produzca efectos negativos en el sistema democrático”, expuso Zovatto.

Los favores u obras que los financistas requieren a los políticos cuando llegan al poder se enumeran entre aquellas perversiones. Por eso, la prohibición para que los contratistas públicos financien campañas políticas es un tema de debate en el hemisferio, de acuerdo con el experto argentino.

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Los casos que la CICIG ha llevado ante la justicia evidencian varias tipologías de financiamiento ilícito que devienen en el posterior reclamo de plazas fantasma, adjudicación de obras u otros favores, señaló el comisionado Velásquez.

Otro grupo de investigaciones busca demostrar que en las elecciones de 2015 se efectuaron con un altísimo contenido de financiamiento anónimo y también se verifica aportes de dinero proveniente del crimen organizado.

“Si logramos identificar eso que ocurrió en las últimas elecciones (…) eso va a disuadir a muchos para saber que en 2019 no van a poder financiar de esa manera”, puntualizó el jefe de la CICIG.

Por autonomía

 

Los panelistas manifestaron la importancia de efectuar reformas legales que doten de autonomía y poder al Tribunal Supremo Electoral (TSE), de establecer únicamente prohibiciones que sea posible verificar y garantizar su sanción.

Eugenia Mijangos manifestó que el TSE, entidad que preside, anuló varias elecciones de alcaldes, a quienes las cortes Suprema y de Constitucionalidad han restituido en sus cargos, lo que resta fuerza a sus resoluciones.

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