En su resolución, los magistrados argumentan que se contradicen acuerdos internacionales sobre los derechos humanos.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) declararon inconstitucional la aplicación de la pena de muerte en casos de asesinato, secuestros, delitos relacionados a la narcoactividad, entre otros. La acción legal fue promovida por un grupo de abogados en noviembre del 2016.

En su resolución, la CC dictaminó que la pena capital se normó posterior a la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos lo que aplicarla significaría un incumplimiento a lo pactado en el acuerdo internacional, por lo que solicitan que sea excluido del ordenamiento jurídico nacional.

Además, el documento señala que se atenta en contra del Artículo 17 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al aplicar ese castigo cuando se determina a la peligrosidad del responsable, argumentando que es un aspecto que se fundamenta en la probabilidad y que no puede demostrarse.