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Nacionales

Congreso de EE. UU. aumenta presiones a Gobierno guatemalteco por entorpecer lucha contra la corrupción


Analistas de política exterior ven la solicitud de sanciones como un golpe a la administración del presidente Jimmy Morales.

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Las presiones del Congreso de Estados Unidos (EE. UU.) se intensifican contra el Gobierno guatemalteco y ahora se concentran en sancionar de forma directa a las personas que cometan y faciliten actos de corrupción en el país. El congresista demócrata, Eliot Engel y el republicano, Edwar Royce, de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, enviaron una carta a Rex Tillerson, secretario de Estado de EE.UU., en la cual solicitan que se aplique la Ley Magnitsky para Guatemala, la cual tiene como objetivo que se prohíba la emisión y se les revoque la visa a las autoridades y a aquellos individuos que cometan o faciliten actos de corrupción.

Otras de las sanciones que considera esta legislación y que también se encuentra entre las peticiones de los congresistas a Tillerson, es el bloqueo de cuentas bancarias y propiedades bajo la jurisdicción estadounidense.

Al finalizar la misiva, Eliot y Royce le indican al Secretario de Estado que esperan trabajar en conjunto y que esperan que ese departamento les garantice que no entregará 50 por ciento de los recursos destinados para Guatemala incluidos en el Plan Alianza para la Prosperidad. Según los representantes estadounidenses, las autoridades de Guatemala “no han tomado las medidas que cooperen con las comisiones contra la corrupción e impunidad”, además que han tomado decisiones que sólo significan un retroceso en la lucha contra la corrupción.

“Como usted sabe, la Ley de Responsabilidad Global Magnitsky en Materia de Derechos Humanos (P.L. 114-328, título XII, subtítulo F) autoriza al Presidente a denegar el ingreso a los Estados Unidos, revocar visas, bloquear bienes, según la jurisdicción de los Estados Unidos, y prohibir a personas estadounidenses que celebren transacciones con cualquier extranjero que se identifique como un funcionario de un gobierno extranjero, asociado senior o, facilitador de dicho funcionario, responsable de actos significativos de corrupción, incluyendo expropiación de bienes públicos o privados para ganancia personal, corrupción en contratos gubernamentales o de extracción natural de recursos, soborno, o encubrimiento de ganancias obtenidas ilegalmente costa afuera (offshore)”, dice la misiva.

Mientras se daba a conocer el contenido de esta misiva, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, manifestaba en Washington D.C. que: “combatir la corrupción será el eje de mi trabajo en Guatemala”. Las declaraciones fueron dadas en la ceremonia de juramentación como nuevo jefe de misión de EE. UU. en el país. Su declaración fue tomada por el subsecretario de Estado, Thomas Shannon, y contó con la presencia de su esposa e hija; y de parte del Gobierno de Guatemala asistieron la canciller, Sandra Jovel; el ministro de Gobernación, Francisco Rivas; el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada y la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario.

Las razones

En la carta a Tillerson, los congresistas resaltan el trabajo realizado por la fiscal general, Thelma Aldana y de Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Ellos han jugado un papel muy importante en detener a individuos e instituciones responsables de corrupción”, indican.

También explican las razones por las cuales piden las sancionaes mencionadas a Guatemala.

La primera tiene que ver con la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar persona non grata a Velásquez, lo cual fue calificado como “una decepción muy grande” para congresistas demócratas y republicanos que rechazaron y denunciaron esa acción en su momento.

“Nos complació saber que la Corte de Constitucionalidad intervino para evitar que el presidente Morales destituyera al comisionado Velásquez”, manifestaron los congresistas en el escrito.

Otra de las causas por la cual personas involucradas en corrupción podrían quedarse sin visa, es debido a las decisiones del Congreso de Guatemala y señalan que dos días después de haber votado en contra de que se le retirara la inmunidad al presidente Morales, los legisladores guatemaltecos aprobaron una ley para frenar sanciones sobre el  financiamiento electoral ilícito.

Eliot Engely (demócrata) y Edward Royce (republicano), los congresistas que enviaron la misiva a Tillerson.

Un golpe fuerte para funcionarios y políticos

La medida solicitada por los congresistas estadounidenses, es considerada por los analistas como la máxima sanción para oficiales de un país de parte de Estados Unidos. El internacionalista Roberto Wagner calificó la solicitud hecha por los congresistas estadounidenses al secretario de Estado Tillerson, como un “golpe” a la administración de Morales, con el que se buscan resultados claros sobre el apoyo que da EE. UU. al país para el combate a la corrupción y al crimen organizado; lo cual puede analizarse como una respuesta a las decisiones del Gobierno guatemalteco, como la de declarar persona non grata al jefe de la CICIG.

“Que digan (el Gobierno de EE. UU.) que a un ministro de Estado le retiran la visa, políticamente destruye al funcionario, y es una herramienta muy fuerte”, sostuvo Wagner. El analista en política exterior agregó que con la advertencia de que se apliquen las sanciones contempladas en la Ley Magnitsky –con la que se han penalizado a exfuncionarios rusos por violaciones a Derechos Humanos– el Organismo Ejecutivo de Guatemala podría verse obligado a concretar el diálogo al que las autoridades se han referido durante la crisis política del país.

Por su parte, Gabriel Orellana, exministro de Relaciones Exteriores, explicó que el Gobierno estadounidense puede hacer uso de la Ley Magnitsky para sancionar a funcionarios guatemaltecos, aun cuando no hayan cometido delitos dentro de Estados Unidos, en el momento que el país norteamericano lo decida al valerse de “un estatuto de brazo largo”.

De acuerdo con el excanciller, las eventuales sanciones a Guatemala podrían ser similares a las efectuadas este año por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en contra de funcionarios de Venezuela –incluido el presidente de esa nación Nicolás Maduro–, quienes apoyaron la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y la posterior elección de sus miembros.

La Ley Magnitsky fue aprobada en 2012 y fue nombrada así por el abogado ruso, Sergei Magnitsky, quien fue asesinado supuestamente por oficiales rusos en 2009, mientras se encontraba en prisión tras investigar un gran fraude fiscal perpetuado por el Gobierno de Rusia. Por ese asesinato, 44 funcionarios rusos tienen prohibido entrar y hacer negocios en Estados Unidos.

Anteriores advertencias

Previo a la emisión de esta carta, otros congresistas y senadores ya se habían pronunciado sobre sanciones a aplicar por las últimas acciones del gobierno y Congreso de Guatemala, que a su criterio sólo marcaban atrasos en la lucha contra la corrupción.

La congresista demócrata, Norma Torres, indicó en una entrevista a elPeriódico que la certificación a Guatemala estaba en duda, por lo que sin este aval el gobierno no puede ser beneficiario de recursos de cooperación. El senador demócrata, Patrick Leahy, pidió hace un mes que el Departamento del Tesoro solicitara al Banco Mundial y al BID que no otorgaran más préstamos a Guatemala. Todo esto se generó porque los políticos consideraron que declarar persona non grata a Iván Velásquez, es un golpe al combate a la corrupción.

“Nos complació saber que la CC intervino para evitar que el presidente Morales, destituyera al comisionado Velásquez”.

parte de la carta de los  congresistas.

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